El defensor del pueblo adjunto bonaerense y titular del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Walter Martello se expresó en un comunicado en relación a la situación de violencia hacia las infancias en nuestro país. Tras el feroz asesinato de Lucio Dupuy, que conmocionó al país, el funcionario llamó a un “cambio social y cultural”.
“El salvaje asesinato del pequeño Lucio Dupuy, en La Pampa, puso la problemática de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el centro de la agenda pública. Los padecimientos que sufrió el pequeño Lucio, lamentablemente, no son un caso aislado. Se trata de un flagelo fuertemente arraigado y transversal a todas las clases sociales”, dijo el funcionario hoy en un comunicado.
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Según un estudio elaborado por Unicef y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), casi el 60% de las y los NNyA de la Argentina reconoce haber recibido algún tipo de castigo violento de disciplina, el 35,6% sufrió castigo físico y casi el 7% (7 de cada 100) padeció palizas severas.
“A diferencia de lo que muchas veces se cree, el mayor indicador de violencia extrema no se registra en las familias de sectores socioeconómicos más postergados. La tasa más elevada aparece en hogares de ingresos medios: prácticamente 1 de cada 10 niños/as o adolescentes (9%) de ese quintil sufrieron alguna vez castigos severos”, remarcó.
¿Qué podemos hacer como sociedad ante esta situación?
Martello resaltó que, si bien Argentina tiene una legislación de vanguardia en relación a los derechos de niños y adolescentes, el marco normativo resulta necesario mas no es condición suficiente de la erradicación de la violencia, como de hecho marcan las estadísticas.
“Debemos redoblar esfuerzos para que las normas que buscan prevenir y condenar la violencia que afecta a los niños se cumplan y se apliquen debidamente. Pero también nos debemos la tarea de complejizar la temática, problematizarla, ante la evidente permanencia de un núcleo duro de tolerancia social que reivindica, defiende y/o ejerce violencia contra la niñez”, remarcó el funcionario.
Llamó a la sociedad en su conjunto a comprometerse para prevenir y denunciar la violencia infantil a través de las líneas que funcionan las 24 horas -Línea 102 y 137- para posibilitar la intervención estatal.
A su vez, el Estado, en sus diversos niveles y jurisdicciones, también debe mejorar los mecanismos institucionales de respuesta. Esto incluye, obviamente, a la Justicia. Se trata de una deuda pendiente que, hace tres años, fue advertida por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en su informe individual sobre la Argentina.
“Desde el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo bonaerense entendemos que para lograr cambios efectivos el flagelo de la violencia contra NNyA debe ser abordado desde toda su multidimensionalidad. Esto significa, entre otras actividades, escuchar a los niños, niños y adolescentes y tener en cuenta su voz en la planificación de las políticas de Estado”.
A su vez, en el comunicado se resaltan estos puntos para la agenda de políticas públicas a desarrollar:
• Agilizar la aprobación de leyes que garanticen la protección integral de niñas, niños y adolescentes contra la violencia y asegure su aplicación a todos los niveles.
• Intensificar las campañas de concientización contra la violencia infantil en el sistema educativo, clubes, asociaciones civiles, etc.
• Emprender una evaluación amplia del alcance, las causas profundas, los factores de riesgo y la naturaleza de la violencia, los malos tratos y el descuido de que son víctimas niños/as, con miras a formular una estrategia nacional integral para prevenir y combatir esos fenómenos.
• Fomentar programas orientados a la comunidad destinados a prevenir y combatir la violencia doméstica, los malos tratos y el descuido de los/as niños/as.
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