Lo que parecía una simple caída en la calle terminó revelando un escenario alarmante puertas adentro de un geriátrico de Isidro Casanova. Un hombre mayor logró salir del lugar donde estaba alojado, pidió auxilio al 911 tras desvanecerse en la vía pública y, horas después, denunció que él y otras seis personas vivían atados y en condiciones indignas.
El establecimiento, llamado “El jardín de mis abuelos” y ubicado en Portugal al 2000, en el partido de La Matanza, albergaba a seis mujeres y un hombre. Según la denuncia, los residentes permanecían sujetos a sus camas durante largos períodos y convivían con graves problemas de higiene.
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Tras el testimonio del hombre —que primero fue atendido en la clínica Figueroa Paredes— un comisario con formación médica se presentó en el lugar para verificar la situación. Lo que encontró confirmó la acusación: ancianas atadas, colchones en mal estado y sanitarios en condiciones insalubres.
Con esa constatación, la fiscal de turno, Andrea Palín, ordenó un allanamiento urgente y puso en conocimiento al juez de Garantías Fernando Pinos Guevara. Los siete adultos mayores fueron retirados del lugar y derivados a otros centros asistenciales, mientras se inició una causa penal para determinar responsabilidades.
La investigación ahora busca establecer si el geriátrico contaba con la habilitación correspondiente y si existieron delitos vinculados a maltrato o abandono de persona. También se dio intervención a las autoridades sanitarias provinciales y municipales para evaluar la clausura del establecimiento.
Una denuncia que se amplificó en redes
Después del operativo, una extrabajadora del lugar publicó un duro descargo en redes sociales. Allí aseguró que los residentes sufrían hambre, malos tratos y filtraciones de agua cuando llovía. Según su relato, solo eran desatados y aseados antes de recibir visitas, mientras que el resto del tiempo permanecían inmovilizados.
La mujer también afirmó que en el geriátrico trabajarían menores de edad, un dato que podría ampliar la investigación judicial.
Mientras avanza la causa, el caso volvió a poner el foco sobre los controles en establecimientos geriátricos y las condiciones en las que viven muchos adultos mayores institucionalizados.
