La causa judicial que investiga la concesión del estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata comenzó a moverse y los primeros elementos analizados anticipan un verdadero escándalo.
Luego de que la ONG local “Mirada Ciudadana” fuera aceptada como particular damnificado, su abogado patrocinante, César Sivo, confirmó que la Justicia ya ordenó las primeras medidas de prueba y volvió a cargar contra el proceso licitatorio impulsado por el municipio de General Pueyrredón. “Es todo irregular, de punta a punta”, aseguró.
En diálogo con Infocielo, el letrado sostuvo que las supuestas irregularidades atraviesan todas las etapas del proceso: desde la elaboración del pliego hasta la adjudicación, la firma del contrato y la ejecución de la concesión otorgada a Minella Stadium S.A. por el Municipio con el aval del Concejo Deliberante.
El conflicto vuelve a poner bajo la lupa el proceso de privatización aprobado por el Concejo Deliberante durante la gestión pro-libertaria de Guillermo Montenegro, con continuidad durante el interinato de Agustín Neme.
“Irregular es el inicio del trámite. Irregular son las condiciones que se ponen en el pliego de bases y condiciones. Irregular fue la preadjudicación, la adjudicación, la firma del contrato y la entrega. Y, por supuesto, es irregular todo lo que pasa después“, afirmó Sivo.
Para el abogado, la documentación incorporada a la causa permite sostener una hipótesis aún más grave: que la licitación estuvo direccionada desde antes de su convocatoria.
“Uno se atrevería a decir con toda comodidad que estamos ante algo preacordado de a quién se lo iban a dar. Todo indica que se buscaba favorecer a una persona o a un grupo en concreto”, aseguró.
La sociedad que nació antes de la licitación
Uno de los principales argumentos de la querella apunta a la propia constitución de Minella Stadium S.A., la firma que finalmente obtuvo la concesión por 30 años, con opción a una prórroga de otros diez.
Según explicó Sivo, la sociedad fue creada antes de que existiera formalmente el llamado a licitación e incluso antes de que se conocieran las condiciones que luego exigiría el pliego.
“El propio intendente y el acta de preadjudicación reconocen que era una sociedad creada para esta licitación. El problema es que fue creada antes de que existiera la licitación”, señaló.
El abogado recordó que el pliego exigía que las empresas oferentes tuvieran un objeto social coincidente con el objeto de la concesión, una condición que Minella Stadium ya cumplía antes de que esa exigencia fuera pública.
“Salvo que sean visionarios, alguien les tuvo que decir antes qué era lo que iba a pasar”, ironizó.
Una empresa sin fondos propios y un financiamiento que nunca apareció
Otro de los puntos centrales de la investigación es la estructura societaria de la concesionaria.
Según explicó Sivo, Minella Stadium fue constituida específicamente para competir en la licitación y no tenía patrimonio ni capacidad económica propia para afrontar la inversión comprometida, estimada en unos 40 millones de dólares.
La sociedad estaba integrada por la empresa argentina Pro Enter y por el grupo brasileño Revee, que aparecía como el principal respaldo financiero del proyecto
Sin embargo, el dinero nunca ingresó a la concesionaria. “La sociedad no tenía bienes ni fondos. Quedaba apalancada supuestamente con el dinero de su accionista principal, pero ese dinero no estaba depositado en ninguna cuenta. Lo único que había era una carta de crédito donde decían: ‘Cuando reciba este dinero, se lo voy a dar a Minella Stadium’. Era un papelito de color”, sostuvo.
El abogado aseguró que ese supuesto respaldo económico nunca pasó de una promesa y apeló a una metáfora para describir cómo, a su entender, se estructuró la concesión.
“Hace 500 años que nos vienen engañando con los espejitos de colores. Acá lo peor de todo es que ni siquiera nos dieron los espejitos de colores. Nos mandaron fotos y renders de espejitos de colores. No había plata, no había inversión, no había nada. Era todo ficción, pero además era fácil de ver. Si a vos te presentan una carta de crédito y te dicen que algún día van a recibir la plata para después invertirla, eso no demuestra absolutamente nada”, afirmó.
Según agregó, el grupo brasileño terminó envuelto en una investigación de gran escala en Brasil vinculada al denominado Caso Banco Master. La firma Revee formaba parte del conglomerado controlado por REAG, investigado por presuntas maniobras de fraude financiero y lavado de dinero.
Para Sivo, las consecuencias de ese esquema quedaron rápidamente a la vista. “No hicieron ninguna obra. Apenas colocaron un alambrado y algunos carteles que ni siquiera pagaron. Tienen más de 220 millones de pesos en cheques rechazados, proveedores sin cobrar y hasta les cortaron la luz”, enumeró.
Y lanzó una de las críticas más duras: “Para pagar una deuda de apenas unos 15 mil dólares tuvieron que hacer un plan de pagos y decían que iban a invertir 40 millones de dólares. Salvo que piensen que somos todos tontos, es evidente que era una sociedad absolutamente insolvente” observó.
El contrato que, según la querella, “blindó” la concesión
Otro de los aspectos cuestionados es la cláusula que obliga a discutir una eventual rescisión del contrato en tribunales arbitrales internacionales.
Sivo sostuvo que esa disposición fue incorporada para dificultar que el municipio pueda recuperar el control del complejo deportivo. “Lo que te están diciendo es que jamás la Municipalidad va a poder resolver el contrato, decretar la caducidad o rescindirlo. Tenés que ir a litigar al extranjero”, afirmó.
Según explicó, el procedimiento previsto obliga a recurrir primero al CIADI, en Washington, un proceso que puede extenderse entre tres y seis años, y luego ejecutar el eventual laudo en tribunales de Nueva York o de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
“Es claramente una cláusula para blindar al privado, no para defender al Municipio”, resumió.
La investigación ya comenzó a producir pruebas
Sivo confirmó además que la causa ingresó en una nueva etapa procesal y que la Justicia comenzó a librar los primeros oficios para reconstruir el proceso de adjudicación y la situación económica de la concesionaria.
Entre otras medidas, se solicitará información al Banco Central, a cuatro entidades bancarias por los cheques rechazados, a la Inspección General de Justicia, al Concejo Deliberante, a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al Ente Administrador del Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, a EDEA, Camuzzi y ARCA.
“Ya estamos trabajando sobre el expediente y entendemos que es urgente avanzar. Incluso vamos a viajar a Brasil para buscar más información”, adelantó.
Sivo también cuestionó la actitud que, hasta el momento, han mantenido los funcionarios municipales frente a la continuidad de la concesión. Según sostuvo, con la información que ya comenzó a surgir en la investigación, el municipio debería impulsar la caída del contrato y no sostener su vigencia.
“Estamos a la espera de qué hacen los funcionarios, si siguen tratando de defender la concesión. Eso habla a las claras de que las cosas no están muy bien porque lo lógico sería que, advirtiendo todo lo que está pasando, traten de hacerla caer y no de defenderla. ¿Por qué te preocupás tanto de defender lo privado?”, se preguntó.
La investigación penal busca determinar si durante la concesión pudieron haberse cometido delitos como “Fraude contra la administración pública, cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos” entre otros.
Mientras tanto, la situación del complejo deportivo continúa agravándose. A los cuestionamientos sobre el proceso licitatorio se suman la falta de obras comprometidas, los problemas financieros de la concesionaria y el reciente corte del suministro eléctrico por falta de pago, un episodio que volvió a colocar la concesión del Minella en el centro de la escena política y judicial.
