La Ley Fiscal Impositiva de la Provincia, casi medio año después de su aprobación en la Legislatura, sigue dejando de qué hablar. Ahora, en medio de la fuerte crisis económica, un grupo de vecinos de diferentes barrios privados de La Plata pidieron anular la suba de impuestos (que llegan al 200% en algunos casos), pero la Justicia rechazó la demanda.
La nueva Impositiva era un proyecto clave para la gestión de Axel Kicillof, y fue aprobado por la Legislatura bonaerense a fines del año pasado. Si bien el tope acordado para los aumentos fue del 200% -después de varias modificaciones de la oposición-, la polémica gira en torno a que esos aumentos, en algunos casos, superarían dicho porcentaje. Desde ARBA explicaron que eso se debe a que en 2024 se eliminaron algunos beneficios y es por eso que, en la comparativa con el año pasado, la diferencia sí es superior.
Si bien las subas más grandes (de hasta 300%) corresponden a las categorías de mayor capacidad contributiva, la nueva Ley Fiscal Impositiva sigue generando el rechazo en diferentes sectores de la sociedad, como sucede en este caso con los vecinos de diferentes barrios privados de la ciudad de La Plata.
Se trata de un grupo de 33 contribuyentes, quienes solicitaron mediante una presentación judicial que se declare inconstitucional la normativa, para así esquivar el nuevo esquema de aumentos y poder retrotraer el pago del impuesto a los valores del año pasado, “sin aumento ni actualizaciones”.
En ese sentido, según el documento al que accedió Infobae, solicitaron que se permita “pagar el tributo de acuerdo a lo que se abonó en el año 2023 sin aumento ni actualizaciones atento a que el incremento del año 2024 afecta los principios de legalidad y seguridad jurídica, además de lesionar la prohibición de actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas“. Pero la demanda fue rechazada por la jueza María Ventura Martínez.
¿Por qué pidieron retrotraer los aumentos?
En la presentación judicial, el abogado Condorelli argumentó que la nueva Impositiva va en contra al Acuerdo Fiscal al que adhiere y rige en la provincia de Buenos Aires. Además, sostienen que ARBA, para justificar el aumento, “se apoyó en la variables económicas, inflación y demás aspectos de la moneda a los que curiosamente, como Estado, debería combatir pero, lejos de ello, decide aplicar una desbocada actualización de un año a otro, aspecto que está prohibido por las leyes federales citadas”.
En este sentido, desde la Agencia de Recaudación bonaerense plantearon que “el marco legal ha sido establecido respetando las pautas de los Consensos Fiscales, especialmente, el del año 2021, siendo por tanto la liquidación del tributo plenamente legal, por lo que ARBA no sólo está facultada, sino obligada a intimar y ejecutar su cobro en los casos de falta de pago“.
Por otra parte, los vecinos pidieron “que se reconozca pagar el impuesto inmobiliario de acuerdo a las pautas establecidas en los Consensos Fiscales”, que es el 3% sobre la valuación fiscal. Sin embargo, la jueza rechazó y justificó que la demanda “excede ampliamente los límites del conocimiento cautelar pues no se limita a un análisis jurídico como pareciera quererse ver en la postulación, sino exige la tarea propia de la actividad probatoria y del debate amplio del proceso de conocimiento”.
