Un diputado nacional de La Cámpora, Emiliano Estrada, de Salta quedó imputado por el delito de intimidación pública y citado a declarar mañana jueves a las 10, en el marco de la causa que investiga el uso de redes sociales para realizar campañas de desprestigio.
La causa, que tramita en la fiscalía especializada de ciberdelitos de la Provincia de Salta, a cargo de Sofía Cornejo, tiene a Estrada sindicado como el impulsor de una serie de cuentas en la red social TikTok en las que, afirma la denuncia, se difamaba y se compartían fake news sobre personas del ámbito empresarial, periodístico y político de su Provincia.
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Florencia Bustamante y Alonso Allemand, empleados de Estrada contratados en la Cámara de Diputados de la Nación, aseguraron que él ordenaba qué contenidos realizar, enviaba los guiones y validaba los videos editados que se repartían en tres cuentas de la mencionada red social: “La Casta Salteña”, “La Casta de Sáenz” e “Informante Salta”.
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El otro imputado en la causa es Juan Capisano, creador de la cuenta “Casta Salta”.
Fake news: un testimonio clave
Florencia Bustamante, exasesora de Estrada en la Cámara de Diputados de la Nación, es una de las imputadas clave en el caso. En su declaración, Bustamante confesó operar cuentas como “La Casta Salteña” y “La Casta de Sáenz” bajo instrucciones directas del legislador. Según su abogado, Gustavo Feoli, Bustamante consideraba que su labor formaba parte de sus responsabilidades laborales y no era consciente de estar incurriendo en actividades ilícitas.
“Ella prestaba sus tareas de forma remota o desde una oficina alquilada por Estrada, y bajo sus indicaciones creaba y gestionaba las cuentas, además de encargarse de la edición de videos difamatorios que luego eran publicados”, explicó Feoli. La imputada entregó su teléfono para pericias que vinculan directamente sus acciones con el diputado.
Otro acusado relevante en la causa es Alonso Javier Allemand, señalado como el principal operador de la red. Ambos imputados también habrían trabajado en la Municipalidad de San José de los Cerrillos, pero fueron desvinculados tras conocerse su implicación en este caso.
La fiscalía sostiene que los acusados producían y difundían contenido difamatorio contra miembros del oficialismo provincial con el objetivo de influir en la opinión pública y dañar la reputación de sus adversarios. Las pruebas recabadas, incluyendo peritajes digitales y testimonios, apuntan a que estas actividades eran financiadas y dirigidas por Estrada, lo que agrava su situación procesal. Con el proceso judicial en curso, la investigación podría derivar en nuevas líneas que involucren a otros actores políticos y empresariales.
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