El diputado Daniel Gollán (Unión por la Patria) decidió dar un paso más en su cruzada legislativa y presentó un megaproyecto para regular la inteligencia artificial. La iniciativa suena moderna, ambiciosa y con un barniz internacional, pero al leerla se parece más a un manual para espantar inversiones y complicar a cualquier programador que a un marco serio para el futuro digital argentino.
El debate no surge en el vacío. Desde la irrupción masiva de chatbots como ChatGPT, la inteligencia artificial se convirtió en un fenómeno global que despierta tanto entusiasmo como temor. Para algunos, abre la puerta a una revolución productiva y creativa; para otros, implica riesgos de manipulación, pérdida de empleos y hasta amenazas existenciales. Ese doble filo explica por qué gobiernos y organismos internacionales buscan regularla, aunque la velocidad del avance tecnológico suele dejar a la política varios pasos atrás.
El problema es que Gollán mezcló todo: principios éticos, definiciones técnicas, sanciones penales y hasta incentivos fiscales que lo convierten, según especialistas, en un Frankestein burocrático, caro y engorroso.
Una definición tan amplia que regula hasta el Excel
Uno de los puntos más problemáticos del proyecto está en su definición de inteligencia artificial. El artículo 3 establece que un sistema de IA es aquel que “para objetivos explícitos o implícitos, infiere, a partir de la información que recibe, cómo generar resultados como predicciones, contenido, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales”.
Con semejante redacción, cualquier software que procese datos y entregue un resultado podría ser considerado inteligencia artificial. Una simple planilla de Excel con fórmulas o macros, que toma datos de entrada y genera predicciones o recomendaciones financieras, entraría de lleno en la definición.
El problema no es menor: al legislar de manera tan vaga, el proyecto convierte en “sistema de IA” a prácticamente cualquier herramienta de ofimática, sometiéndola a auditorías, certificaciones y sanciones que fueron pensadas para algoritmos complejos. En vez de distinguir lo que realmente representa un riesgo, el texto multiplica la inseguridad jurídica al abarcar tecnologías de uso cotidiano.
La Agencia omnipresente
El corazón de la propuesta es la creación de la Agencia de Gestión del Conocimiento, un organismo con superpoderes: regular, sancionar, auditar, recaudar, capacitar y, de paso, decidir qué IA puede existir en el país. Una especie de “ministerio paralelo de la tecnología”, sin experiencia ni capacidad comprobada, pero con potestades para frenar proyectos y cobrar aranceles.
Lo paradójico es que Argentina carece de la infraestructura y los recursos humanos para semejante esquema. Lo más probable es que la agencia termine siendo otro ente burocrático hipertrofiado, con más asesores que especialistas, pero con la autoridad de firmar certificados y repartir sanciones.
Críticas opositoras
El diputado Martín Yeza (PRO) fue directo: “El proyecto de Gollán no es regulación, es un Frankenstein jurídico. Inseguridad jurídica total”. Y remató: “Después de meses sin ningún ámbito de trabajo entre diputados, la comisión se convoca para aprobar su propio proyecto en cuatro días. Un papelón”.
En su análisis, Yeza detalló los puntos débiles: copia mal experiencias internacionales, exige a todos lo que afuera se reserva para sistemas de alto riesgo, confunde planos normativos y se financia con un impuesto encubierto a las empresas tecnológicas.
