Organismos de Derechos Humanos advierten al gobierno nacional de la posible designación como fiscal federal de Bahía Blanca a Santiago Ulpiano Martínez, quien en su carrera se encargó de defender a varios ex funcionarios judiciales, militares y empresarios vinculados a delitos de lesa humanidad.
TE PUEDE INTERESAR
De esta manera, organizaciones de Derechos Humanos locales y provinciales, le piden al Senado “que no convalide con su acuerdo a un funcionario que promovió la impunidad”, lo que de lo contrario significaría un verdadero “retroceso”.
El Gobierno y el círculo rojo, a las patadas: tensión abierta en el Coloquio de IDEA
Sturzenegger reprochó al empresario por no avanzar en la reforma laboral y desde IDEA respondieron con un llamado a la previsibilidad y reglas claras.
Desde que Martínez fue designado subrogante en el Juzgado Federal 1, en junio de 2012, su actuación pasó por rechazar los pedidos de indagatoria a ex represores del ejército y lograr la impunidad de un ex capellán de la fuerza, que terminó sus días sin un juzgamiento, pese a ver sido cómplice de torturas a estudiantes secundarios.
“La actuación de Martínez como subrogante puso en riesgo el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia que debemos defender y por el que hemos sido reconocidos como ejemplo en el mundo”, manifiesta el documento firmado por varios organismos, como HIJOS, APDH, la Red por la Identidad bahiense y Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.
Ex centro clandestino de detención “La escuelita”, donde torturaron y asesinaron a cientos de personas.
Además de ese preocupante historial, Martínez también se las ingenió para beneficiar a Vicente Massot, el por entonces dueño del diario La Nueva Provincia, por estar investigado en complicidad por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
Martínez se negó de la misma forma que con Vara, al llamado de su indagatoria de Massot por el asesinato de obreros gráficos. Cuando la Cámara Federal revirtió la decisión y ordenó su indagatoria, Martínez se corrió de la causa.
“Martínez no puede integrar el Ministerio Público, cuya función es promover la actuación de la justicia en la legalidad de los intereses generales de la sociedad”, enfatizaron las organizaciones de Derechos Humanos en alerta.
TE PUEDE INTERESAR
