La discusión por la producción pública de medicamentos en la provincia de Buenos Aires volvió a instalarse en la Legislatura con la presentación de un proyecto de ley impulsado por la diputada de la UCR Alejandra Lordén, que propone instituir un régimen específico bajo la órbita del Ministerio de Salud bonaerense.
La iniciativa retoma una propuesta presentada en 2016 y reaparece en paralelo al anuncio realizado por el gobernador Axel Kicillof durante la apertura de sesiones ordinarias, cuando anticipó que volverá a enviar el proyecto oficial para crear una empresa de medicamentos con participación estatal mayoritaria, luego de que la versión anterior perdiera estado parlamentario.
QUÉ PROPONE EL PROYECTO DE LORDÉN
El texto establece la creación de un “régimen de producción pública de medicamentos, materias primas, vacunas y productos médicos” en todo el territorio bonaerense.
El objetivo central es mejorar el acceso a medicamentos y fortalecer el desarrollo científico y tecnológico, a partir de la articulación con laboratorios estatales provinciales, municipales y universitarios.
En ese marco, la propuesta incorpora a los laboratorios dependientes del Estado provincial, los municipios y las universidades públicas, ampliando el alcance operativo del esquema.
Además, el Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación, con facultades para coordinar la implementación de la norma.
PRIORIDADES SANITARIAS Y MEDICAMENTOS HUÉRFANOS
Uno de los puntos centrales del articulado pasa por la planificación sanitaria.
La iniciativa plantea que la producción deberá definirse según los perfiles epidemiológicos y estacionales de cada región sanitaria, con el objetivo de responder a las necesidades concretas del sistema público.
También propone garantizar la provisión de medicamentos, vacunas y productos médicos para el primer nivel de atención, en línea con la estrategia de Atención Primaria de la Salud.
Entre los objetivos específicos, el texto incorpora un punto sensible: la investigación, desarrollo y producción de medicamentos huérfanos, destinados a enfermedades poco frecuentes o de baja rentabilidad comercial.
A eso se suma la creación de un registro provincial de laboratorios públicos, que deberá incluir datos sobre funcionamiento, capacidad instalada y condiciones registrales.
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y FINANCIAMIENTO
Otro de los ejes del proyecto es la articulación institucional.
La propuesta habilita convenios con universidades y otras entidades estatales para realizar controles de calidad, además de acuerdos con instituciones académicas que ya cuenten con laboratorios públicos.
En paralelo, establece que el régimen será financiado con partidas específicas del Ministerio de Salud, con el objetivo de darle sustento presupuestario.
LOS FUNDAMENTOS: HISTORIA, MERCADO Y ROL DEL ESTADO
En los fundamentos, Lordén realiza un recorrido histórico sobre la industria farmacéutica en la Argentina y el papel del Estado en la producción de medicamentos.
La legisladora remarca que la producción pública tiene antecedentes que se remontan a la Primera Guerra Mundial, cuando se registraron problemas de abastecimiento y el Estado nacional avanzó con la creación del Instituto Bacteriológico.
También menciona experiencias provinciales, como el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe, y subraya el proceso de concentración y extranjerización del mercado farmacéutico durante las últimas décadas.
En ese sentido, el texto sostiene que la lógica del mercado no logró resolver las desigualdades en el acceso a medicamentos, especialmente en contextos de crisis económica y caída de cobertura social.
“La salud pública es una de las atribuciones que el Gobierno provincial no delega en Nación”, señala el proyecto, al fundamentar la necesidad de una política propia en materia de medicamentos.
INFRAESTRUCTURA BONAERENSE Y DEBATE LEGISLATIVO
Entre los argumentos, la diputada también pone el foco en la infraestructura ya existente.
La Provincia cuenta con una red de laboratorios y hospitales con capacidad para producir medicamentos, entre ellos el Laboratorio Central “Tomás Perón”, hospitales de San Martín, Avellaneda, Bahía Blanca y Olavarría, además de establecimientos universitarios y municipales.
Ese punto vuelve a conectar la iniciativa con la propuesta impulsada por el Ejecutivo bonaerense.
El proyecto oficial, elaborado por el ministro Nicolás Kreplak, ya había conseguido media sanción en Diputados a fines de 2024, pero no logró avanzar en el Senado y perdió estado parlamentario.
Ahora, con el nuevo impulso legislativo desde la bancada radical y el anuncio del gobernador de reenviar la iniciativa, la producción pública de medicamentos vuelve a quedar en el centro de la agenda parlamentaria bonaerense.
EL ANTECEDENTE DEL SENADO Y LA TENSIÓN INTERNA
El proyecto impulsado por el Ejecutivo había logrado media sanción en Diputados, pero su recorrido se frenó en el Senado, donde nunca llegó al recinto.
La iniciativa quedó trabada luego de que la vicegobernadora Verónica Magario no convocara a una sesión especial para tratarla tras el cierre del período ordinario, pese al pedido formulado por sectores del oficialismo vinculados a La Cámpora y al kirchnerismo duro, espacio al que pertenece Kreplak.
Esa decisión resultó clave para que el expediente perdiera estado parlamentario.
La falta de tratamiento también dejó expuestas las tensiones internas dentro de Unión por la Patria, ya que desde el camporismo responsabilizaron a la presidencia del Senado por no habilitar el debate de una iniciativa considerada estratégica para la gestión de Kicillof.
QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE EL PROYECTO OFICIAL Y EL DE LORDÉN
Aunque ambos textos comparten el objetivo de fortalecer la producción pública de medicamentos, existen diferencias en la arquitectura institucional propuesta.
El proyecto del Ejecutivo plantea la creación de una empresa bajo la figura de sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, con facultades para investigar, producir, importar, exportar, comercializar y distribuir medicamentos, vacunas, insumos y equipamiento médico.
En cambio, la propuesta de Lordén no crea una empresa estatal específica, sino que instituye un régimen de producción pública bajo la órbita del Ministerio de Salud, articulado con laboratorios provinciales, municipales y universitarios ya existentes.
Mientras el oficialismo pone el foco en una herramienta societaria con mayor autonomía operativa, el texto radical prioriza la coordinación de la infraestructura pública ya instalada, la planificación por regiones y la articulación con universidades y municipios.
