La medida del gobierno de Mauricio Macri trascendió ayer, después de que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, confirmara las modificaciones en los requisitos de las asignaciones sociales.
Técnicamente, el plan del macrismo contempla la eliminación de los programas “Ellas Hacen”, “Argentina Trabaja” y “Desde el Barrio” y la creación de “Hacemos Futuro”.
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“Hacemos futuro” tiene la Educación Formal Obligatoria como punto clave entre sus requisitos, por lo que sus titulares deberán finalizar la primaria y la secundaria, en caso de no haberlas completado.
Pero las modificaciones recaen también en que ya no sean las organizaciones quienes gestionan el reparto de asignaciones.
La medida representa un duro golpe para los movimientos sociales, porque implica la quita de los fondos que reciben anualmente de manos de Nación.
Además, esta modificación atentaría contra su influencia territorial, ya que el plan deja atrás el viejo sistema de control de las asignaciones a través de planillas.
Tras las declaraciones de la ministra, desde distintas organizaciones sociales aseguraron que la medida es un intento del gobierno de Cambiemos por disciplinar a los movimientos que se manifestaron el pasado 21 de febrero junto a las centrales obreras.
En ese sentido, el dirigente Fernando “Chino” Navarro habló con INFOCIELO y destacó que ante este panorama, desde su espacio buscarán “seguir discutiendo desde el diálogo y ser parte de la solución”.
En tanto, el debate político económico creciente es si este programa que tiene como objetivo la formación de los beneficiarios tendrá impacto en los niveles de desempleo actuales.
En esa línea, Navarro cuestionó la modificación de los requisitos y lanzó: “Creen que capacitando se generan mágicamente puestos de trabajo”.
Es que tras anunciar la medida, desde Desarrollo Social subrayaron que “cualquier empleo hoy en día pide que una persona haya terminado su secundaria” y para Navarro, “este Gobierno carece de una vocación genuina de generar trabajo”.
Según expresó el dirigente, las iniciativas de incluir capacitación como requisito en las asignaciones, “históricamente han fracasado, en los 90 y ahora, con el plan Empalme que anunciaron con bombos y platillos, pero que prometía 400 mil empleos y no llegó a los 7 mil”.
Lisa y llanamente, para el referente del Movimiento Evita desde el gobierno de Mauricio Macri “no creen en la inversión social a cargo del Estado”.
La actualidad de los programas
Fue el gobierno de Mauricio Macri el que en los últimos meses incorporó unos 100 mil nuevos beneficiarios de asignaciones sociales con el programa Proyectos Productivos Comunitarios, que en 2018 insumirá 10.148 millones de pesos y que responde a la ley de emergencia social de 2017.
Actualmente hay un total de 9.689.000 beneficiarios -entre programas de la cartera de Desarrollo Social y otras áreas del Gobierno- en los que el Gobierno invierte 251.911 millones de pesos en asistencia social. Es decir, que la cifra representa más del 10 por ciento del gasto primario total del Presupuesto 2018.
Según las cifras que maneja la ministra Stanley, el 60 por ciento de los 261 mil beneficiarios de los planes que quedaron incluidos en el nuevo programa no terminó el secundario. Y un 12% no concluyó ni siquiera la primaria.
Los programas del kirchnerismo que fueron eliminados y reemplazados por “Hacemos futuro”, tenían como objetivo generar cooperativas, cuyos integrantes trabajarían en la realización de obras públicas para el mejoramiento de la infraestructura y el hábitat barrial.
Los resultados de un relevamiento socioeconómico realizado en diciembre pasado entre el Instituto para el Desarrollo Económico y Social de Buenos Aires (IDESBA) Stella Maldonado y el Frente Barrial de la CTA Bs. As., dan cuenta de la situación de vulnerabilidad social de los cooperativistas que integraban el Plan Argentina Trabaja.
Es que estos trabajadores representan el “núcleo duro de la desocupación” en la Argentina, ya que son “personas sin ingresos en el grupo familiar, ni prestaciones de pensiones, jubilaciones nacionales, ni planes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o provinciales”.
En ese sentido, cabe destacar que más del 80 por ciento tienen como principal fuente de ingresos el trabajo en la cooperativa.
Más del 68 por ciento tienen ingresos por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil a diciembre de 2017 ($8.860) y un 45,9 por ciento tiene ingresos entre $2.500 y $4.900.
En cuanto a la relación entre este programa y la formación educativa, el estudio evidencia que más de un 67 por ciento de los cooperativistas abandonó sus estudios (más de un 67 por ciento).
Un 1,8 por ciento de los beneficiarios que no tuvieron acceso a la educación formal, mientras que un 24, 8 por ciento cuenta con el nivel primario completo.
Sin embargo, el estudio confirma que hay más de un 28 por ciento que no completó los estudios secundarios y que sólo un 20 por ciento logró finalizarlos; y entre los motivos de abandono, se destaca la falta de tiempo y la incompatibilidad de horarios de trabajo con los de establecimientos educativos.
Desde el ministerio de Desarrollo Social ya confirmaron los cambios y comunicaron que los beneficiarios continuarán cobrando el incentivo mensual, a través de la cuenta única y personal del Banco Nación.
Además, destacaron en su página web un mensaje a los titulares de las asignaciones: “No debés realizar ningún pago para pertenecer al programa y nadie puede obligarte a concurrir a actos y movilizaciones”.
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