Miles de personas se movilizaron este miércoles frente al Congreso Nacional para expresar su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La protesta se desarrollaba mientras el Senado debatía la iniciativa, que contó con el respaldo del oficialismo y críticas de la oposición, sindicatos y organizaciones sociales.
Desde temprano, las columnas de gremios y agrupaciones políticas se concentraron en la Plaza de los Dos Congresos de manera pacífica. Sin embargo, minutos después, un grupo de encapuchados comenzó a tirar las vallas de seguridad dispuestas por la Policía y la Gendarmería. Según imágenes registradas, algunos manifestantes armaron y lanzaron bombas Molotov contra los cordones policiales, mientras otros se resguardaban detrás de estructuras improvisadas.
En respuesta, las fuerzas de seguridad avanzaron con gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes, provocando la dispersión de los manifestantes. Según informó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, hubo al menos nueve detenciones y tres efectivos de Gendarmería y uno de la Policía Federal resultaron heridos. La funcionaria detalló que algunos manifestantes portaban morteros, molotovs y gomeras con tuercas, y aseguró que los responsables serían identificados y puestos a disposición de la Justicia.
“No vamos a permitir que los violentos de siempre siembren el caos y el descontrol. Están armados y van a pagar las consecuencias”, advirtió Monteoliva en sus redes sociales, mientras que el ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró: “Por más bombas molotov que armen, la reforma laboral sale sí o sí. Se les acabó la joda”. La senadora Patricia Bullrich, por su parte, afirmó que “el único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza. La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden”.
Por su parte, manifestantes y organizaciones sociales cuestionaron la versión oficial. Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), la abogada Carmen Verdú confirmó que, además de los detenidos, hay alrededor de 30 personas demoradas. Algunos de los manifestantes aseguraron que un pequeño grupo de infiltrados habría iniciado los incidentes para justificar la aplicación del protocolo antipiquetes y permitir la represión, afectando a quienes se movilizaban de manera pacífica.
A pesar de los incidentes, la movilización contó con la participación de jubilados, trabajadores y referentes sindicales que reclamaron la derogación de la reforma laboral, impulsando medidas de fuerza e incluso la posibilidad de un paro nacional. Las organizaciones sostienen que la protesta buscaba visibilizar los efectos del proyecto sobre derechos laborales y condiciones de trabajo.
En simultáneo, en el Senado, la sesión comenzó con quórum gracias al respaldo de UCR, PRO y sectores del peronismo provincial. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa como una medida necesaria para “equilibrar las normas laborales”, mientras que legisladores opositores cuestionaron el proyecto y denunciaron que afectaría derechos de los trabajadores y los recursos de las provincias.
