El Potenciar Trabajo viene siendo el programa social más polémico de los últimos meses. En algún momento se discutió si las mujeres se embarazaban adrede para recibir más dinero de la Asignación Universal por Hijo, pero hoy el ojo público está puesto en el programa que otorga el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a cambio de una contraprestación en proyectos socio productivos. ¿Cobran el plan para no trabajar? ¿Quiénes deben administrar los fondos? ¿Se corrobora la contraprestación? Auditorías, organizaciones sociales, estadísticas de la AFIP e internas políticas son algunos de los condimentos de esta historia todavía inconclusa.
La polémica se reavivó ayer luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan presentara una denuncia penal por el delito de defraudación contra la administración pública. Luego de hacer una investigación preliminar, el funcionario judicial pidió que se suspendan los beneficios del plan a quienes cometieron irregularidades y que se realice un reempadronamiento. Según la presentación hecha en los tribunales de Comodoro Py, hay unas 2.800 personas fallecidas en los registros del Potenciar Trabajo y más de 35 mil que compraron dólares en los últimos seis meses (algo que es incompatible con el programa).
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Marijuan basó su denuncia en un informe estadístico realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dirigida por Carlos Castagneto. El organismo entrecruzó información de las 1.383.279 personas que reciben el Potenciar Trabajo. Sin nombres particulares, concluyeron que 253.184 (el 18,3% del total) declararon Bienes Personales y que 35.398 (2,56%) compraron divisas en los últimos seis meses. Ambas cosas son incompatibles con el plan asistencial.
En una entrevista que le brindó a La Nación, la actual ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, aseguró que no van a admitir “ninguna incompatibilidad”, pero aclaró que el informe de la AFIP debe ser cotejado con información complementaria. “Estamos trabajando en desagregar los datos para dar de baja a quienes realmente hayan cometido incompatibilidades“, indicó tras apoyar la iniciativa hecha a pedido de su antecesor, Juan Zabaleta.
La coordinadora de Libres del Sur, Silvia Saravia, dialogó con Ya es Hora en La Cielo y advirtió que “algunas cuestiones técnicas” impiden que los beneficiarios compren dólares a través del sistema bancario que es por donde reciben la asistencia. “Si la ayuda social es un descontrol no es problema de la gente que la percibe porque en realidad quien debe controlar es el Estado“, añadió. Según la dirigente, el informe de la AFIP y su consecuente denuncia “es una avanzada de la interna oficialista” que apunta a cuestionar a las organizaciones sociales.
A todo esto, desde el bloque de diputados nacionales por Juntos por el Cambio pidieron la presencia de Tolosa Paz en la comisión de Acción Social y Salud Pública. Soledad Carrizo, incluso, solicitó la interpelación. “Resulta incomprensible que haya un número tan elevado de personas que hayan accedido a este plan social de manera irregular, en momentos críticos para la sociedad argentina, en donde hay que cuidar celosamente los recursos del Estado”, argumentó Graciela Ocaña en su citación a la ministra. Tolosa Paz aún no habló de ir al Congreso y todo apunta a que habrá más novedades vinculadas al programa social.
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