La Justicia federal ordenó a la Municipalidad de San Pedro implementar medidas urgentes para controlar un basural a cielo abierto de unas 20 hectáreas en el barrio La Tosquera. La decisión, dada a conocer este viernes, se tomó en el marco de una investigación penal por posible contaminación ambiental, luego de que distintos informes advirtieran sobre los riesgos para la salud de la población.
El juez federal de Garantías de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, dispuso que el municipio ejecute un plan de contingencia en un plazo de 90 días y presente, en los próximos 60 días, un Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. La resolución responde a un pedido del fiscal federal Matías Di Lello, a cargo de la sede fiscal descentralizada de San Nicolás.
La investigación del Ministerio Público Fiscal reunió relevamientos del Ministerio de Ambiente bonaerense, un informe técnico de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) y análisis del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina. Los documentos describieron deficiencias en el funcionamiento del predio y señalaron posibles consecuencias para el ambiente y los vecinos, según detalla el sitio oficial del MPF, Fiscales.org.
Un basural que crece desde hace más de 20 años
Los informes técnicos señalaron que el predio crece de manera constante desde hace más de dos décadas y que no cuenta con una membrana impermeabilizante ni con un sistema adecuado para el tratamiento de los residuos.
Durante las inspecciones se constató que la basura se deposita directamente sobre el suelo natural, sin cobertura ni compactación. Entre los materiales acumulados se identificaron residuos domiciliarios, neumáticos, restos de poda, escombros, vidrios y electrodomésticos en desuso
Los relevamientos también detectaron focos de quema, humo, olores nauseabundos, insectos, roedores y animales. A eso se suma la falta de cerramiento perimetral y vigilancia municipal, la circulación de vehículos que descargan residuos sin un control adecuado y la ausencia de obras hidráulicas para captar el agua de lluvia.
En el predio también se observó la presencia de personas adultas, niños y niñas que recuperaban materiales entre los residuos. Además, hay calles que atraviesan el basural y conectan con el barrio La Tosquera, mientras que en sus inmediaciones se identificaron cursos y cuerpos de agua.
En su informe, la UFIMA consideró que existen elementos para tener por acreditada la contaminación en los términos de la Ley de Residuos Peligrosos N° 24.051, al menos como consecuencia de la quema sistemática de residuos en el lugar. El organismo también advirtió sobre los riesgos sanitarios asociados a la proliferación de insectos, roedores y otros animales.
Detectaron problemas en una muestra de agua cercana
Uno de los elementos incorporados a la investigación fue un análisis de laboratorio de una muestra de agua tomada en una canilla próxima a un tanque abastecido mediante un pozo, en el Centro Infantil de Recreación y Aprendizaje La Colmenita, al que concurren niños y niñas del barrio.
De acuerdo con el informe del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, la muestra presentó valores de coliformes totales por encima de los límites establecidos por el Código Alimentario Argentino.
El agua se utiliza para beber, cocinar e higienizar utensilios, entre otros fines. Ante los resultados, el laboratorio recomendó limpiar y desinfectar el sistema de almacenamiento.
A partir de estos antecedentes, el titular de la UFIMA, el fiscal federal Ramiro González, insistió en la necesidad de adoptar medidas cautelares para frenar las actividades que puedan amenazar al ambiente y la salud. Entre ellas, mencionó la descarga de residuos sin una barrera que proteja el suelo y las quemas sistemáticas para reducir el volumen de basura.
Qué deberá hacer el municipio
Al resolver el planteo fiscal, Villafuerte Ruzo aplicó el principio precautorio establecido en la Ley General del Ambiente N° 25.675. El magistrado sostuvo que los procesos ambientales requieren una tutela judicial efectiva de carácter preventivo.
La resolución establece que el plan de contingencia deberá contemplar medidas de cumplimiento inmediato, con un plazo de 90 días corridos para su ejecución. Entre las principales disposiciones figuran:
- Cerrar el perímetro del predio para delimitar el área de disposición de residuos.
- Controlar los accesos y garantizar vigilancia las 24 horas, a fin de impedir el ingreso de personas no autorizadas para descargar basura.
- Registrar y autorizar a quienes trabajan en el lugar, para que puedan continuar con sus tareas.
- Organizar y clasificar los residuos que ingresan al basural.
- Identificar a las personas y empresas que descargan residuos, con la documentación que las habilita y el registro de las tasas que abonan por el servicio.
Además, el municipio deberá presentar en un plazo de 60 días el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, de acuerdo con las leyes nacionales y provinciales que regulan la materia.
La resolución alcanza al intendente de San Pedro, Cecilio Salazar; al director de Ambiente, Gustavo Solá; al secretario de Obras y Servicios Públicos, Adrián Devito; y al director del Corralón municipal, Juan Bronce, responsable de la operación del predio.
La implementación y el seguimiento de las medidas deberán articularse con el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, en su carácter de autoridad de aplicación.
