El Juzgado Criminal y Correccional Federal 5 recibió este martes una petición para que dicte una medida cautelar para que el Estado suspenda los pagos de la deuda que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), hasta que la misma sea analizada por el Congreso de la Nación.
La presentación fue realizada por el abogado Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), con el patrocinio del director del Banco Nación y referente de Unidad Popular, Claudio Lozano.
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El abogado Baldiviezo expresó que la solicitud comprende, incluso, al pago que este miércoles el Estado nacional efectuará por 1.800 millones de dólares; a la vez que destacaron que la suspensión sería “hasta que el Congreso analice la legalidad y constitucionalidad de dicho endeudamiento y trate nuevos acuerdos”.
Por su parte, Claudio Lozano manifestó que “mientras el Fondo no reconozca su corresponsabilidad en la crisis argentina, nuestro país debe suspender los pagos y seguir conversando”. Y añadió: “Pedimos a la Justicia que remita toda la documentación para que el Parlamento investigue y defina la constitucionalidad del acuerdo firmado por Macri, y solicitamos una medida cautelar de suspensión de los pagos mientras se resuelve la cuestión de fondo”.
¿Cuáles son los fundamentos del pedido de suspensión de los pagos al FMI?
En sus fundamentos, la petición indicó que el acuerdo de 2018 entre la Argentina y el FMI, “no contó con la participación de la ciudadanía en la dirección de los asuntos público de forma directa ni por medio de los representantes libremente elegidos. Cabe destacar que el Congreso no tuvo ninguna intervención. Esto constituye una clara violación de los artículos 4, 75 inc. 4 y 7, y 76 de la Constitución Nacional y de numerosas leyes”.
Además, destacan que “un monto similar a la totalidad de los desembolsos efectuados por el F.M.I fueron utilizados -conjuntamente con las reservas internacionales- en el mismo período para la formación de activos externos, sin que se hayan tomado medidas tendientes a limitar o impedir esta situación hasta septiembre de 2019”.
Y remarcaron: “En una economía que históricamente encuentra en la restricción externa, uno de los principales límites al desarrollo, los más de USD 86 mil millones que se fugaron en concepto de formación de activos externos tienen su equivalencia en términos de menor crecimiento e inversión, mayor desempleo y deterioro en la distribución del ingreso”.
El abogado señaló además que la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción y la Procuración General del Tesoro del presente gobierno nacial manifestaron la inconstitucionalidad del acuerdo con el FMI, por lo que “un nuevo acuerdo con el FMI, que convalide una toma de deuda histórica sin que la ciudadanía haya ejercido su derecho de tomar parte en el gobierno de su país, constituirá el mayor fraude democrático y estafa en la historia de la Argentina con relación a la toma de deuda”.
Por último, indicaron que “durante el año 2020, se pagaron intereses al FMI por U$D 1.320 millones. En el año 2021 se pagaron U$D 961 millones de intereses. Un total de U$D 2.282 millones. También se habría pagados otros UDD 390 millones en noviembre de 2021. En el mes de diciembre, se pagarán otros U$D 1.884 millones”; y que “estos pagos se están realizando sin cuestionar la legalidad y constitucionalidad de la deuda”.
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