La disposición que plantea la prisión domiciliaria para los detenidos en cárceles que son grupos de riesgo en el marco de la pandemia de covid-19 generó posturas a favor y en contra. En ese aspecto, tanto el poder judicial como el político se encuentran en el centro de la escena. En las últimas horas se conoció el pedido de juicio político al juez Víctor Violini y también la presentación de un proyecto de Juntos por el Cambio en la Legislatura bonaerense que apunta a seguir de cerca a los magistrados que se hicieron eco de la medida.
Mientras desde el Gobierno nacional y provincial aseguraron que se trata de una decisión que corresponde estrictamente al Poder Judicial, desde sectores opuestos salieron a la carga para rechazar lo que denominan “liberación masiva de presos”. En esa línea, de fondo aparece el plan del procurador general, Julio Conte Grand, en el cual firmó una resolución para alentar a los integrantes del Ministerio Público a recurrir al “arresto domiciliario” para los detenidos en riesgo por coronavirus sin excepciones vinculadas al prontuario que los llevó tras las rejas. El hombre de estrecha relación con María Eugenia Vidal luego intentó desligarse y apuntó contra el juez integrante del Tribunal de Casación bonaerense, Víctor Violini.
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Bajo este cuadro de situación general, el espacio Usina de Justicia presentó una solicitud de juicio político contra Violini ante el Secretario del Jurado de Enjuiciamiento por “actos que demuestran Incompetencia o Negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones y por el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo”.
La presentación de la agrupación fue por “la resolución adoptada el 10 de abril del 2020 por el Magistrado denunciado, en el Hábeas Corpus Colectivo tramitado bajo el expediente nro. 102.555 caratulado ‘Personas privadas de la libertad en el Servicio Penitenciario, Alcaidías y Comisarías de la Provincia de Buenos Aires S/Habeas Corpus colectivo y correctivo’”.
“El temerario obrar del Juez Violini es una causal que amerita su remoción como Magistrado de la Cámara de Casación Penal, ya que con su decisión ha lesionado un adecuado servicio de justicia”, señalaron desde Usina de Justicia quien además se presentó como “Amicus Curiae” de la Corte bonaerense para pedir la nulidad de las prisiones domiciliarias y la consecuente detención y captura de todos los liberados por la Resolución de Violini.
En tanto, en el ámbito político Juntos por el Cambio también accionó al respecto y el viernes presentaron en la Legislatura bonaerense un proyecto para seguir de cerca a los jueces que dieron prisión domiciliaria a detenido y no cumplieron con las disposiciones vigentes. La intención es que se trate este mismo jueves en la Cámara Baja.
En diálogo con INFOCIELO, la diputada provincial de JxC, Sandra Paris, confirmó que la iniciativa tiene el expediente número D1048/20-21. La misma consiste en la creación de “una Comisión Especial, de carácter temporaria, que tendrá por objetivo analizar y efectuar un seguimiento de los programas y políticas públicas ejecutadas por el Servicio Penitenciario Bonaerense dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en relación a internos, detenidos y liberados, como asimismo a agentes dependientes de ese organismo en el marco de la pandemia COVID-19”.
Asimismo, la idea es que esté integrada por nueve diputados y tendrá alcance “respecto a la totalidad de las resoluciones y/o decisiones administrativas y/o judiciales dictadas durante el período de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional – Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 del 19 de marzo de 2020”.
“Si se trata de casos donde son condenados por delitos de violación, femicidio, abusos y que no se respete lo legislado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tratados internacionales, se solicitará que el juez sea apartado”, añadió la legisladora.
Más adelante, manifestó que “esperemos que el oficialismo nos permita tratarlo el jueves en la sesión. Es un proyecto de resolución que no necesita la aprobación de otra cámara” y “tendrá que ver con la voluntad política del oficialismo”.
El debate político también trae aparejado las condiciones en las cuáles se encuentran las cárceles bonaerenses y las denuncias por la superpoblación de las mismas. El reclamo por garantizar derechos mínimos en los penales también se mete en la polémica desatada en medio de la pandemia de coronavirus.
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