En un giro copernicano, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, criticó este miércoles con dureza la aprobación de un proyecto de ley que fue avalado por treintainueve legisladores de su propio espacio.
Se trata de la prórroga a la ley sobre barrios populares, que ayer obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con 227 votos a favor y solo 2 en contra: el de la libertaria Carolina Píparo y el del socio de Patricia Bullrich -y quien pidiera la “pena de muerte” contra Cristina Kirchner-, Francisco Sánchez (PRO).
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La norma busca modificar el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, y ampliar el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares, a partir de la prórroga de la suspensión de los desalojos por diez años y la ampliación de la cantidad de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
La ley inicial había sido lanzada bajo el gobierno de Mauricio Macri en 2018, e incluso los diputados más cercanos al ex presidente volvieron a darle el voto positivo a la medida. “Esta es una ley que se promovió en el gobierno Macri y fue mejorada por la actual presidencia de Alberto Fernández”, expresó durante la sesión la diputada del PRO, Silvia Lospennato, y destacó: “Este proyecto fue aprobado por unanimidad en un plenario de tres Comisiones. Reconocernos todos como partes de esta política”.
No obstante, en tono electoralista, Patricia Bullrich eligió correr por derecha a los legisladores de su propio espacio, y hoy lanzó: “Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo.”
Fue una funcionaria del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta quien salió a responderle su incongruencia a la presidenta del PRO. “Patricia, nuestro espacio siempre se propuso como norte resolver los problemas de la Argentina. La ley que sacamos en 2018 para la integración de los barrios populares viene a dar respuesta a cinco millones de personas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, y salió con el consenso de todo el espacio”, señaló la ministra de Desarrollo Social, María Migliore.
Incluso, la media sanción en Diputados también había recibido el visto bueno de los aliados del PRO en Juntos por el Cambio. Maximiliano Ferraro, el titular de la Coalición Cívica, indicó que “es una prueba cabal de que la integración socio urbana debe convertirse en una política de Estado en nuestro país”. “Como tal, debe ser sostenida en el tiempo y estar exenta de cualquier tipo de mezquindad y coyuntura política”, enfatizó
Mientras que desde la UCR, Fabio Quetglas expresó: “Hay aproximadamente 5 millones de argentinos que viven en la informalidad urbana, y esto no sólo se relaciona con la pobreza sino también con la falta de crédito. No hay hábitat popular de calidad sin crédito y sin moneda no hay crédito”. Y consideró: “Debemos generar condiciones económicas y sociales de integración futura”.
La medida criticada por Patricia Bullrich apunta, además, a declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.
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