Con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 314/26, el Gobierno Nacional de Javier Milei oficializó una medida que había anunciado a fines de marzo. Se trata del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino que promete modernizar las capacidad de las Fuerzas Armadas. Los recursos provendrán de las privatizaciones.
La iniciativa, publicada en el Boletín Oficial de hoy, advierte que “el estado actual del equipamiento de las Fuerzas Armadas exige acciones urgentes“. También reconoce que el presupuesto actual “ha generado que la mayor parte de los recursos sean absorbidos por gastos de personal y funcionamiento, limitando severamente la inversión“.
Ante esto, y en un escenario internacional con “múltiples conflictos geopolíticos latentes“, la administración libertaria puso en marcha este plan. Según la norma, el objetivo es “proveer al reequipamiento, a la modernización, al desarrollo de infraestructura estratégica y a la recuperación de capacidades del Sistema de Defensa Nacional”.
Concretamente, lo que hace el DNU es asignar el 10% de los recursos provenientes de las privatizaciones al Ministerio de Defensa. Más precisamente, le asigna ese porcentaje de lo que genere la venta de inmuebles que viene haciendo la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Si el inmueble en cuestión perteneciera a la cartera que conduce el teniente general Carlos Presti el porcentaje destinado al plan de reequipamiento va a ser del 70%.
En la misma línea, establece que el 10% de los recursos resultantes de la privatización de las empresas y sociedades del Estado nacional que quedaron “sujetas a privatización” en la Ley Bases serán destinados a este plan. Esto abarca a Energía Argentina SA (ENARSA), Intercargo SAU, Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA), Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) y Corredores Viales SA.
Lo cierto es que esta iniciativa había sido anunciada por el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, en la conferencia de prensa que ofreció tras la difusión de sus escándalos judiciales. “Hemos determinado que el 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones serán destinados a la compra de armamento y bienes de capital para nuestro sistema de defensa nacional”, dijo aquel 25 de marzo.
