La reciente difusión de videos en los que Jésica Cirio exhibe fajos de dólares volvió a poner el foco sobre un expediente que, en sus orígenes, parecía tener un punto de partida relativamente sencillo.
El escándalo estalló tras la difusión de imágenes de Martín Insaurralde a bordo del yate “Bandido” durante un viaje a Marbella, en plena campaña electoral de 2023. La repercusión derivó en su salida de la Jefatura de Gabinete bonaerense por decisión del gobernador Axel Kicillof.
Más allá del impacto político y mediático, la pregunta judicial parecía directa: quién financió el alquiler del yate, los vuelos, el hospedaje y los gastos asociados al viaje. A partir de esa respuesta, el siguiente paso consistía en contrastar esos desembolsos con las declaraciones juradas del funcionario para verificar si podían justificarse con sus ingresos declarados.
Sin embargo, la fiscalía a cargo de Sergio Mola optó por avanzar sobre una reconstrucción patrimonial en un período de tiempo que abarcaría la situación desde 2011. Esa decisión amplió considerablemente la complejidad de la causa, al requerir la recopilación de una gran cantidad de documentación y la realización de pericias contables. Ampliar en el tiempo el objeto de investigación conlleva, necesariamente, escarbar en el tiempo documentación difícil de conseguir y contrastar.
Lo que inicialmente parecía una investigación acotada terminó convirtiéndose en un análisis patrimonial de más de una década. No fue la única controversia que demoro el proceso. Con la causa en trámite la fiscalía optó por llevar la discusión en torno a las pruebas requeridas a tribunales superiores.
El juez Ernesto Kreplak dispuso originalmente que los estudios fueran realizados por especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. La fiscalía cuestionó esa decisión y reclamó la intervención de una dependencia especializada de la Corte Suprema en investigaciones financieras y lavado de activos.
La Cámara confirmó inicialmente la decisión de Kreplak, pero la fiscalía continuó apelando hasta llegar a la Cámara Federal de Casación Penal, que finalmente habilitó el esquema impulsado por el Ministerio Público.
Durante ese proceso, una de las pruebas centrales del expediente quedó condicionada por la disputa sobre el organismo encargado de realizarla.
Tres años después, la causa sigue lejos de una definición. En tribunales, algunos observadores atribuyen buena parte de las demoras a la decisión de ampliar el objeto de investigación y a la prolongada controversia en torno a las pericias.
La paradoja, señalan, es que el presunto enriquecimiento ilícito surgió de hechos concretos y fácilmente identificables, pero terminó derivando en una investigación técnicamente compleja y necesariamente más lenta.
A ello se suma una particularidad del delito investigado: una vez acreditado un incremento patrimonial significativo, corresponde al funcionario explicar el origen de esos bienes o recursos. Sin embargo, para llegar a esa instancia primero deben completarse las pericias que determinen si efectivamente existió un crecimiento patrimonial injustificado.
Tres años después del escándalo que originó el expediente, Insaurralde aún no fue citado a declaración indagatoria y recién en marzo de este año los peritos de la Corte comenzaron a analizar su patrimonio.
