La Justicia Federal dictó sentencia en el histórico juicio por fumigaciones con agroquímicos en Pergamino y resolvió absolver a todos los productores rurales, al ingeniero agrónomo y al aplicador que llegaron acusados por contaminación ambiental. Sin embargo, condenó a dos exfuncionarios municipales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y ordenó investigar posibles responsabilidades de otros integrantes de la gestión local.
El fallo fue dictado por unanimidad por el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, que durante cinco meses analizó denuncias por aplicaciones de agroquímicos realizadas entre 2011 y 2019 en zonas cercanas a barrios de Pergamino. La causa es considerada una de las más relevantes del país en materia ambiental por haber llevado por primera vez a productores rurales al banquillo de la Justicia Federal por hechos vinculados al uso de fitosanitarios.
Los jueces absolvieron a Fernando Cortese, Mario Reinero Roces, Víctor Tiribó, Hugo y Carlos Sabatini, José Luis Grattone y Cristian Taboada. En cambio, condenaron al exdirector de Ambiente Rural del municipio, Guillermo Naranjo, y al auditor Mario Tocalini a dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Un mensaje al municipio
Más allá de las condenas, uno de los aspectos más sensibles de la sentencia fue la decisión de remitir copia del fallo y de las audiencias al Ministerio Público Fiscal de San Nicolás para que investigue la actuación del intendente de Pergamino, Javier Martínez, y de otros funcionarios que pudieron haber tenido responsabilidades en el funcionamiento de la Dirección de Ambiente Rural.
Al fundamentar la decisión, el presidente del tribunal, Román Pablo Lanzón, sostuvo que la actuación de los funcionarios condenados estuvo “en las antípodas de lo esperado para un funcionario público” y remarcó que ambos eran los máximos responsables del área encargada de controlar las aplicaciones de fitosanitarios.
“La ineficacia de los controles estatales fue lo que produjo los resultados dañosos para la salud de las personas”, concluyó el magistrado al explicar por qué el tribunal encontró responsabilidad penal en el accionar de los funcionarios municipales.
Daños probados, pero sin condenas para los productores
La sentencia dejó una particularidad que seguramente alimentará el debate sobre el alcance del fallo. Por un lado, el tribunal consideró acreditado que la exposición a agroquímicos provocó daños en la salud de vecinos de Pergamino.
“Está debidamente probado que la exposición a los agroquímicos habitualmente utilizados en la actividad agropecuaria provocó daños a Sabrina Ortiz, a su grupo familiar más cercano y a otras personas de los barrios”, sostuvo Lanzón durante la lectura de los fundamentos.
Los jueces también señalaron que la evidencia científica producida durante el juicio permitió demostrar que vivir cerca de los campos fumigados tuvo incidencia en enfermedades y otros padecimientos de la población.
Incluso sostuvieron que el término “agrotóxicos”, utilizado durante años por los vecinos que impulsaron la causa, “tiene correspondencia con la prueba que se produjo” durante el debate oral.
Sin embargo, el tribunal entendió que la fiscalía y la querella no lograron demostrar con el grado de certeza exigido por el derecho penal que los productores acusados hubieran actuado dolosamente o realizado aplicaciones ilegales en los términos previstos por la Ley de Residuos Peligrosos.
“Alegato de fiscalía estuvo plagado de generalidades, abstracciones y conclusiones que no tuvieron sustento probatorio”, sostuvo Lanzón.
Respecto de Fernando Cortese, los jueces lo absolvieron tanto por la acusación de contaminación ambiental como por el cargo de amenazas coactivas vinculado a un episodio denunciado por vecinos, aplicando el beneficio de la duda sobre este último punto (era el acusado al que pedían 4 años y tres meses de prisión efectiva, la mayor de las penas).
También fueron absueltos Mario Roces y Víctor Tiribó, para quienes la fiscalía había solicitado penas de cuatro años de prisión efectiva, además de Hugo y Carlos Sabatini, José Luis Grattone y Cristian Taboada.
La cautelar seguirá vigente
Otro punto relevante de la sentencia fue la decisión de mantener vigente la medida cautelar que desde 2019 restringe las fumigaciones en Pergamino.
Actualmente, la resolución judicial impide aplicaciones terrestres a menos de 1.095 metros y aéreas a menos de 3.000 metros de las zonas urbanas y periurbanas del distrito.
Si bien la fiscalía había solicitado que esas restricciones quedaran incorporadas de manera definitiva a la sentencia y la querella pretendía incluso extenderlas a escuelas rurales, pueblos y parajes, el tribunal rechazó ambos planteos.
No obstante, resolvió mantener las medidas cautelares hasta que el fallo quede firme y se agoten las instancias de revisión previstas por la legislación procesal.
“Tal vez sea necesario revisar las distancias dispuestas municipalmente para amortiguar el impacto de los productos químicos empleados en los campos, pero no este es el ámbito para debatir y resolver esa cuestión”, sostuvo Lanzón.
Los jueces consideraron que esa discusión debe darse en otros ámbitos institucionales y sugirieron incluso la conformación de espacios de diálogo con participación de organismos públicos, asociaciones civiles y organizaciones ambientales.
Un fallo que deja abierto el debate
El tribunal buscó además despegar la sentencia de la histórica confrontación entre sectores productivos y organizaciones ambientalistas.
“No queremos que esto se vea como un desenlace entre productores agropecuarios y ambientalistas”, aclaró Lanzón.
Y agregó una reflexión que sintetizó el criterio adoptado por los jueces: “Un juez penal no es un superhéroe que está para satisfacer los deseos de la sociedad de alcanzar algo más justo. Está para hacer cumplir el derecho y la ley”.
Con las absoluciones de los productores y las condenas a funcionarios municipales, el juicio terminó dejando un escenario inesperado: la Justicia reconoció que existieron daños asociados a los agroquímicos y cuestionó duramente el rol del Estado local, pero descartó responsabilidades penales para quienes fueron acusados de realizar las fumigaciones.
