La provincia de Buenos Aires mantendrá sin alteraciones su actual régimen de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y no adherirá a las modificaciones impulsadas por la administración central. Así lo ratificó el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, al evaluar el impacto de los recientes decretos de desregulación nacionales.
“La provincia es una jurisdicción autónoma, como el resto de las provincias. Tenemos una ley que tiene que ver con la verificación técnica vehicular y nosotros sostenemos el mismo régimen: vehículo pasado los dos años de patentamiento de cero kilómetro ya es plausible de verificación técnica vehicular. La regularidad es cada un año, todos los vehículos tienen que estar verificados”, explicó el funcionario.
Durante su paso por el programa Lado P, emitido por Infocielo, Marinucci fue consultado sobre los motivos por los cuales el distrito no convalidará la prórroga de los plazos ni la descentralización de los controles vehiculares hacia establecimientos privados. Ante la pregunta de si se trataba de una postura política obstinada, el ministro fue tajante: “No es que nos encaprichamos, estamos convencidos que es necesario”. En esa línea, argumentó que la inspección periódica es un pilar fundamental para evitar accidentes en las rutas: “Garantizar que los vehículos estén en condiciones es garantizar la seguridad vial”.
Por qué rechaza los “talleres verificadores”
Uno de los puntos más ríspidos de la discusión radica en la propuesta nacional de habilitar a concesionarias y talleres mecánicos particulares para emitir las obleas de circulación, eliminando la exclusividad de las plantas tradicionales. Marinucci recordó que ya había debatido este punto el año pasado en el Senado bonaerense y cuestionó severamente la falta de transparencia que esta modalidad acarrearía. “¿Cómo yo puedo permitir que un taller que su venta es la mano de obra y el cambio de repuesto de un vehículo, vaya alguien a hacer la verificación?”, se preguntó el titular de la cartera de Transporte.
Para el funcionario, la unificación de la revisión y el arreglo en un mismo comercio desvirtúa la finalidad de la política pública. “Puede haber dos cuestiones: una es que le diga ‘está todo mal’ para que lo corrija. O la otra, que le diga ‘está todo casi bien, pero bueno, venite la semana que viene, te doy la VTV’. Es generar una situación muy compleja en la provincia”, detalló. Por el contrario, defendió el esquema de las plantas actuales, argumentando que “solo hacen verificación, informan y no tienen convivencia con el taller que pueda cambiarle el amortiguador, o el que le tenga que vender el matafuego, o el que le tenga que corregir los frenos”.
Hacia el final de la entrevista, el ministro vinculó el cumplimiento de las normativas de tránsito con la administración de los recursos estatales y la responsabilidad civil de los conductores. Evaluó que la obligatoriedad presiona a los ciudadanos a realizar chequeos que de otra forma postergarían indefinidamente: “Esto permite, o exige, porque el Estado está para cuidar a los habitantes, que por lo menos una vez por año lo hagas. Porque si no alguien no lo hace porque dice ‘no, después lo llevo, no pasa nada, no llego, se me hace tarde, nadie me controla, es mi vida'”.
Frente a este argumento individualista, Marinucci concluyó marcando el límite de la intervención pública: “Es mi vida, pero es la responsabilidad del Estado en cuidarla. Además el Estado gasta mucha plata después de socorrer las irresponsabilidades. El Estado tiene que cuidar para garantizar la vida, la salud, la integridad de las personas, pero además tiene que salir a erogar muchos recursos en socorrer la irresponsabilidad”.
