El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por María Eugenia Vidal, ratificó, mediante resolución oficial, publicada hoy en el Boletín Oficial, un convenio celebrado con la empresa Ferrosur Roca, que pertenece al grupo Loma Negra, que implicará el desembolso de 133 millones de pesos, originados en un viejo reclamo por los trabajos de mantenimiento de vías que según esta empresa llevó a cabo para que corrieran los trenes de la extinta empresa Ferrobaires.
Se trata de un acuerdo rubricado a instancias del entonces ministro de Economía, Hernán Lacunza, el 31 de julio de este año, apenas dos semanas antes de las elecciones Primarias que significaron el comienzo del fin del gobierno de María Eugenia Vidal, y que le ponía fin a un reclamo que data de décadas atrás.
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No queda claro quién ni cómo se hará cargo de tamaña deuda: a Vidal le quedan 15 días en el poder y las cuentas provinciales están en rojo, según admitió su jefe de Gabinete, Federico Salvai.
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En rigor, Ferrosur reclama a la Provincia el pago de una demanda iniciada en 1998 por el “peaje” que debían abonar los trenes de la Provincia para correr por las vías que la Nación le había dado en concesión. Pero Ferrobaires (nombre comercial de la ex Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial) nunca pagó ese canon y acumuló una deuda considerable.
En 2013, Ferrosur Roca obtuvo sentencia favorable de parte del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata N° 2. En 2017, a partir de una pericia contable, la Justicia determinó que la deuda ascendía a 117 millones de pesos. Casualidad o no, ese mismo año, María Eugenia Vidal le puso la lápida a Ferrobaires y trasladó todas sus deudas al Estado provincial.
Un pago “a medida” de Loma Negra
Si bien el reclamo original ascendía a 117 millones de pesos -determinados por peritajes judiciales-, los intereses corrieron y se acumularon. Según los cálculos de la Provincia, la deuda actualizada a junio de 2019 totalizaba 142.4 millones de pesos, que podían trepar a 145 si no prosperaba la apelación y la Justicia la obligaba a pagar además los honorarios del juicio.
Según la resolución publicada ayer, pero firmada el 5 de agosto, en el acuerdo del 31 de julio, el ministro de Economía Hernán Lacunza se comprometió a pagarle a Ferrosur Roca 133 millones de pesos, lo cual, se lee en la norma que fue ratificada hoy, “representa un considerable ahorro de recursos para la Provincia de Buenos Aires”.
Desde el punto de vista de Ferrosur, la cosa no está tan clara. De hecho, según consignó la empresa en el documento titulado “Memoria y Estados Financieros por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018”, y a partir de “considerar toda la evidencia disponible”, la “valuación del activo” asciende a “$133.044.253 al 31 de diciembre de 2018”.
Es decir que, lejos de conseguir una quita, la Provincia pagó exactamente lo que esperaba obtener Loma Negra.
Hoy, Ferrosur Roca tiene acceso, a través de redes propias, a las terminales del Puerto de Buenos Aires, Exolgan (Dock Sud), La Plata, Campana, San Nicolás, Rosario, Bahía Blanca y Quequén, a partir de un contrato de concesión que se extingue en 2023. Claro que el ministro Dietrich, tal como hizo con las concesiones viales, propició que se prorroguen por hasta 10 años.
¿Podría haberse evitado el pago?
Especialistas en materia ferroviaria sostienen que la concesión debería haber sido revocada hace años por una serie de graves incumplimientos, entre los que se considera el deterioro de las vías, del material rodante y de las estaciones. En su lugar, la empresa se prepara para cobrar sumas millonarias a expensas de los bolsillos de los bonaerenses.
Existe sobrado material documental que sostiene esa afirmación. Sitios especializados como El reportero Ferroviario y Crónica Ferroviaria vienen mostrandolo. Por ejemplo, el deterioro de la vía troncal que llega a Olavarría, o la desaparición del tendido que llega al puerto de Quequén, pero también en Tolosa, en las afueras de La Plata.
Ferrosur Roca es una firma de capitales mixtos. El 80 por ciento pertenece a Cofesur SA, una subsidiaria del gigante brasileño Camargo Correa. El resto del paquete accionario está en manos del Estado nacional (16 por ciento) y de los trabajadores (4 por ciento).
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