El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Jorge Macri (PRO), desplegará un operativo de seguridad con 900 efectivos de la Policía porteña, en el marco de una nueva movilización frente al Congreso convocada por organizaciones de jubilados, movimientos sociales y agrupaciones sindicales.
La medida se enmarca en una estrategia oficial que vuelve a priorizar la presencia policial por sobre el diálogo con los sectores movilizados.
Detalles del operativo
Desde las 9 de la mañana, se interrumpirá completamente el tránsito en un perímetro comprendido por las calles Paraná, Sáenz Peña, Bartolomé Mitre, Ayacucho, Sarandí y Adolfo Alsina. Además, el Congreso permanecerá totalmente vallado, sin circulación habilitada ni para vehículos ni para peatones, lo que configura una escena ya habitual en cada jornada de protesta.
A este despliegue se suman 600 agentes de tránsito, y el retiro nocturno de 350 contenedores de residuos en un radio más amplio, entre Sarmiento y Combate de los Pozos, y de Moreno hasta la Avenida 9 de Julio, una acción que según el Gobierno porteño tendrá un costo estimado de 66 millones de pesos. El retiro de los contenedores suele justificarse como medida preventiva, aunque se lo ha cuestionado por entenderlo como parte de una lógica de blindaje y disuasión ante la protesta social.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Patricia Bullrich, no se brindaron precisiones sobre la cantidad de efectivos federales que podrían ser parte del operativo, aunque se prevé la presencia de Gendarmería y otras fuerzas. Tampoco se aclaró cuál será el criterio de intervención ante una movilización que será monitoreada con recursos y dispositivos propios de situaciones de alto riesgo.
La jornada de protesta se produce en un contexto de creciente malestar social, agravado por la pérdida del poder adquisitivo, la licuación de haberes jubilatorios y los recortes impulsados por el Gobierno nacional. La persistencia de políticas represivas y el despliegue de operativos desproporcionados frente a manifestaciones pacíficas alimentan la preocupación por la criminalización de la protesta y por el intento de disciplinamiento social a través del miedo.
