La discusión por la reforma de la Ley de Alquileres está en pleno debate en la Cámara de Diputados de la Nación y ahora, en un periodo donde los debates se centrarán en las reformas que se incluirán en el nuevo texto.
En el medio, las y los inquilinos están a la expectativa de cuáles serán esos cambios y cómo impactará en sus bolsillos, pero sobre todo, en sus derechos.
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“La comisión de Legislación General se dio un mes para tratar reformas a la ley, pero los dos puntos principales son volver atrás a la cantidad de años del contrato y el tema de la indexación del monto”, señaló Leandro Vera Belli, integrante de la Mesa Nacional Inquilina, en diálogo con FM Cielo.
Según explicó Vera Belli, quien también forma parte del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), respecto del monto de los alquileres, el objetivo que persiguen quienes piden la reforma es “desregular y que se actualice cada seis meses”, algo en lo que los inquilinos no están completamente de acuerdo.
“Lo que no se quiere decir, porque hay un discurso que se quiere imponer sobre que esta ley no beneficio a los inquilinos, si bien el índice ha sido alto, es igual de alto que un conjunto de valores de la economía e incluso más bajo que otros”, marcó.
En otro punto, respecto de los contratos por tres años como indica la ley vigente, el referente de los inquilinos señaló que “tiene que ver con los intereses que se han tocado” ya que afecta “a las ganancias de los sectores ligados al mercado inmobiliario, para ellos es un montón”.
Según explicó, en otros países del mundo los contratos de alquiler son por el plazo de 5 o 10 años, pero en Argentina no se concibe la idea de regular el mercado porque “está por detrás la idea que cualquier regulación trae efectos nocivos para los actores”.
“También pasa que el hecho de que haya un índice oficial es que sea de carácter público y quieren que recaiga en el ámbito de lo privado, lo oculto. El Estado no sabe los precios”, señaló.
En esa línea, postuló que la caída de la oferta, uno de los argumentos del sector inmobiliario, viene desde antes de la sanción de la ley actual, por la devaluación de la moneda.
“Lo que nadie dice es que en marzo de 2020 el Poder Ejecutivo decretó la suspensión de los desalojos, la prohibición de aumentos. Ese decreto fue más nocivo para la oferta que la ley en sí misma”, aseguró.
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