En la Legislatura ingresó un proyecto de La Libertad Avanza que apunta a retrotraer, reducir y congelar el Impuesto Inmobiliario Rural en la Provincia de Buenos Aires hasta el año 2026. Se trata de una iniciativa que busca poner un freno a lo que consideran una presión fiscal desmedida sobre el sector agropecuario, con efectos negativos en la producción, el empleo y la inversión.
El texto presentado plantea tres ejes centrales: la retrotracción de los aumentos aplicados en la segunda cuota del ejercicio 2024, la reducción del 50% en el monto del impuesto una vez realizada esa corrección y el congelamiento de la carga impositiva durante los ejercicios 2025 y 2026.
LAS RAZONES
Según los diputados firmantes, el aumento desproporcionado del Inmobiliario Rural en los últimos dos años generó un escenario crítico para miles de productores. El proyecto recuerda que entre 2023 y 2024 se registraron incrementos que superaron el 200% y, en casos excepcionales, alcanzaron hasta un 500% en partidas de alta valuación. A esto se sumó la aplicación de una cuarta cuota extraordinaria en 2024, que duplicó los pagos anteriores y derivó en malestar, juicios y reclamos de las entidades del campo.
En los fundamentos se advierte que esta presión fiscal desalienta la inversión en maquinaria, limita el acceso al crédito y obliga a postergar proyectos de crecimiento. “El sistema productivo bonaerense necesita previsibilidad y alivio para sostener el empleo y la producción”, remarcan los legisladores.
LOS NÚMEROS QUE ALARMAN AL CAMPO
El documento legislativo también hace foco en la coyuntura internacional. Señala que la soja argentina llegó a cotizar a 192,6 dólares por tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario, el valor más bajo desde 2020. Esa caída, sumada a los altos costos internos, golpea de lleno a la competitividad del agro bonaerense.
Los productores enfrentan subas interanuales del 300% al 350% en combustibles, mientras que los fertilizantes y fitosanitarios se encarecieron alrededor de un 250%. En paralelo, los repuestos y el mantenimiento de la maquinaria agrícola registraron aumentos que van del 200% al 300%.
Para los autores del proyecto, mantener vigente la actual carga impositiva en este escenario profundiza el deterioro de la producción agropecuaria y amenaza la sustentabilidad de las economías regionales.
En el articulado, se deja en claro que durante 2025 y 2026 no podrán aplicarse actualizaciones por índices inflacionarios ni revalúos catastrales que eleven el tributo. La autoridad de aplicación será la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), que deberá instrumentar las medidas necesarias para reflejar el beneficio en las boletas de los contribuyentes rurales.
El proyecto fue firmado por los diputados Gastón Abonjo, Geraldine Calvella, Oriana Colugnatti, Sebastián Pascual, Verónica Chávez y Abigail Gómez, todos integrantes de La Libertad Avanza en la Provincia.
ROMO SIGUE AUSENTE DE LA REALIDAD BONAERENSE
Más allá de la propuesta, un dato político volvió a quedar en evidencia: el proyecto no lleva la firma de Agustín Romo, jefe del bloque libertario. El legislador, que responde a la línea de Santiago Caputo dentro de la interna de LLA, se muestra cada vez más enfocado en la agenda nacional y en su rol de vocero en redes sociales, dejando en segundo plano los debates de la Legislatura bonaerense y las demandas de los votantes que lo eligieron en la Provincia.
