Ambas Cámara se convocaron para hoy, Diputados a las 14 horas y Senadores a las 19. El objetivo era poder aprobar el Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y el Financiamiento (endeudamiento) enviado por el gobernador Axel Kicillof. Todo ese paquete ha conseguido el aval de la comisión de Presupuesto e Impuestos, en dos capítulos distintos con una semana de diferencia, y todo hacia creer que hoy Kicillof tendría al fin presupuesto luego de dos años de prorrogar lo aprobado en 2022, pero no, pasaron cosas.
Los negociadores del Ejecutivo, el ministro Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown y diputado electo, tenían casi todo cerrado jugando en tándem con las espadas legislativas del oficialismo. Habían cedido sillas en el directorio del BAPRO, en el Consejo de Educación y algunos otros pedidos que la oposición venía reclamando. Se esperaba una sesión que tuviera cierta tensión, pero con los votas necesarios. Para el presupuesto y la impositiva bastaba con la mayoría simple, pero el endeudamiento requiere de los dos tercios de los presentes. Estos últimos votos no están, es por eso que se pidió un cuarto intermedio para seguir negociando.
El PRO ya avisó que no acompañará al oficialismo, al menos en la Impositiva y el endeudamiento. El presidente del bloque, Matías Ranzini, posteó en su cuenta de X que “El kirchnerismo quiere imponer la eliminación de la exención a ingresos brutos a operaciones con títulos públicos y obligaciones negociables en su Ley Impositiva en PBA. Quieren recaudar más a toda costa a expensas de encarecer el financiamiento del sector privado, en definitiva, el bolsillo de los que quieren invertir. Desde el Bloque Pro asumimos la posición de rechazo ante esta iniciativa del gobierno de Kicillof”, indicó.
Cerca del bloque amarillo aseguran que “tienen que ponerse de acuerdo ellos (el oficialismo) para que nosotros podamos comenzar a negociar, no estamos participando de lo que se está negociando”, dejando descartado que hubo un ofrecimiento de cargos en organismo provinciales para este sector y no se habrían aceptado por pedido de los jefes comunales, algo que trascendió esta mañana.
El presidente del bloque La Libertad Avanza, el tuitero Agustín Romo, ya avisó que sus diputados no acompañarán el paquete de leyes de Kicillof, algo que era previsible, pero su posteo se tomó como una “marcada de cancha al PRO”. Si bien no se unificaron los bloques luego de la aventura electoral, se cree que eso sucederá, pero por el momento se mueven en tribus separadas.
Por su parte, Manuel Passaglia ex Juntos por El cambio, ex PRO, aspirante a Libertario y ahora creador de HECHOS (sellos por el que fue electo diputado el 7 de septiembre), también salió a ejercer presión sobre el bloque amarillo. En su cuenta de X, Passaglia apuntó directamente al PRO y lo presionó para que no acompañe el Presupuesto de Axel Kicillof, al advertir que sería “avalar un nuevo papelón” del Gobierno. Señaló que mientras el Ejecutivo reclama endeudamiento en dólares porque “la plata no alcanza”, impulsa a la vez una ampliación de la planta política, incluido un aumento del 50% en los directores del Banco Provincia. En ese marco, desafió al PRO a definir si respaldará una medida que, según él, contradice el discurso de reducción del Estado que sostiene Javier Milei.
EL POROTEO DEL RECINTO
Vale aclarar que el Presupuesto y la Ley Impositiva necesita una mayoría simple en la votación que encaren los 92 diputados que componen la Cámara Baja, es decir más votos a favor que en contra. No es el caso del Financiamiento o endeudamiento, dado que el Ejecutivo está pidiendo autorización para tomar deuda, debe ser aprobado por los dos tercios de los presentes, es decir 61 voluntades.
En Diputados, la matemática es clara: de las 92 bancas, el oficialismo de Unión por la Patria (UP) controla 37. Para alcanzar los 61 votos necesarios en caso de recinto completo, el gobernador necesita asegurar 24 manos no peronistas. Las posibles ausencias opositoras, como siempre, juegan a favor del Ejecutivo, porque reducen el número necesario para llegar al tercio.
El mapa opositor está distribuido en múltiples bloques: PRO (13), La Libertad Avanza (12), UCR + Cambio Federal (9), Somos Buenos Aires y Unión y Libertad (6 cada uno), Nuevos Aires y Coalición Cívica (3 cada uno), FIT (2) y Derecha Popular (1).
En el poroteo, sin votos del PRO o la Libertad Avanza, el oficialismo no llega a los dos tercios.
En la Cámara Alta el ecosistema político es más reducido: UP tiene 21 senadores, el PRO 9, UCR + Cambio Federal 6, LLA 4, UyL 3, Somos 2 y Derecha Popular 1. Si se replicara el esquema de Diputados, el oficialismo podría alcanzar 26 votos con Somos y UyL, quedando a cuatro de los 30 necesarios.
Por eso, la llave final la sigue teniendo el PRO y la UCR, y difícilmente el expediente llegue al Senado sin antes tener acordada la ingeniería política completa con esos sectores.
PROTESTA DOCENTE
La jornada legislativa del miércoles llega atravesada por una fuerte protesta docente impulsada por la línea opositora de Suteba, la Multicolor, que ya está en la puerta de la Legislatura en rechazo a los proyectos enviados por Axel Kicillof y para exigir una recomposición salarial que acompañe la crisis económica. El sector cuestiona la última instancia paritaria, a la que calificaron como “sin mandato y sin propuesta real de aumento”, y denuncia que los gremios mayoritarios avalaron el Presupuesto 2026, la ley impositiva y el endeudamiento que el oficialismo busca aprobar.
Desde la Multicolor remarcan que la situación en Educación se agrava por lo que definen como un recorte presupuestario profundo y un aumento del endeudamiento provincial, mientras advierten que la participación del área en las cuentas bonaerenses sigue cayendo. También critican que, mientras la administración provincial plantea que no hay recursos para mejorar salarios o infraestructura escolar, se mantengan beneficios impositivos a grandes empresas y subsidios al sector privado.
En paralelo, apuntan contra las políticas nacionales que eliminaron el FONID y anticipan reformas consideradas regresivas. La convocatoria reúne a docentes, estatales y organizaciones sociales, con un pliego de reclamos que incluye más fondos para salarios, creación de cargos, obras escolares, becas y asistencia alimentaria, y un mensaje directo al Gobierno provincial: “priorizar educación y salud por encima del ajuste y la deuda”.
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