En el medio del debate por la inseguridad en los colectivos, un reclamo que lleva años pero que se profundizó tras el brutal asesinato de Daniel Barrientos en La Matanza, los ministerios de Seguridad y de Transporte de la Provincia de Buenos Aires iniciaron mesas de trabajo con las empresas de transporte para avanzar con la medidas de seguridad.
En diálogo con FM Cielo, Damián Andrieu, representante de la Cámara de Transporte de la Provincia aclaró que “no está dentro del objeto social ni de las posibilidades legales de las empresas dar seguridad, las empresas se rigen por una ley que en ningún lado establece el tema de seguridad”, aunque aclaró que “las empresas siempre han estado colaborativas y a disposición porque al ofrecer un servicio público están a disposición de los ministerios de Seguridad y de Transporte”.
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En ese plano, especificó que el financiamiento del transporte, sobre todo desde la implementación de los subsidios, “es algo complejo” porque el cálculo se realiza a través de una estrucutra de costos modelo: “Se estipulan los costos de una empresa testigo que no representa a nadie; en 2021 se agrega un ítem para las empresas provinciales y municipales de costo de instalación y mantenimiento de cámaras de seguridad pero eso no significa que cada empresa haya recibido una determinada cantidad de dinero por vehículo, el dinero es fungible”.
“La plata se reparte en función de cantidad de pasajeros, vehículos y kilómetros recorridos; dentro de esos parámetros no están las cámaras”, aclaró Andrieu y señaló que dentro de la empresa modelo “hay muchos otros costos reconocidos que no se cumplen” y postuló que en una estrucutra modelo “se reconoció que hay un costo asociado a cámaras y eso va a una bolsa que se reparte en relación a los parámetros”.
En ese punto, destacó que el Gobierno de la Provincia “empezó a hacer esfuerzos” al retomar un esquema para poner en funcionamiento la central de monitoreo, que está operativa. “Hay empresas que pusieron cámaras, son 1800 instaladas y se acordó que en el menor plazo posible estén vinculadas a la central; la segunda etapa en la medida que se pueda resolver el tema de los fondos es sumar otras e incorporar botones antipánico”, destacó.
“Las cámaras instaladas fueron asignadas a partir de un mapa del delito, en ese sentido a La Plata le tocaron seis cámaras. El tipo de delitos en los coelctivos tiene que ver más con arrebatos o robos de celulares”, cerró.
El lunes, tras un encuentro entre el gobernador Axel Kicillof, parte del Gabinete y empresarios, se definieron algunas medidas a seguir y, en cuanto a los dispositivos que restan colocar en los colectivos, el ministro Jorge D’Onofrio estimó en base a conversaciones con funcionarios del ENACOM que “rápidamente se puede instumentar el tema del chip 4G para que el Centro de Monitoreo que está en La Matanza pueda recepcionar más de 30 mil cámaras a la vez. Esto en la próximas semanas estaríamos en condiciones de instrumentarlo”.
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