El gobierno de Javier Milei no está pasando sus mejores días. Mientras el Senado rechazaba el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y se multiplicaban los cuestionamientos por el ajuste sobre los sectores más vulnerables, estalló el escándalo por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En el medio, miles de beneficiarios de pensiones no contributivas quedaron desamparados por un proceso de auditoría que, lejos de garantizar transparencia, profundizó la incertidumbre.
Desde septiembre de 2024, con la publicación del DNU 843/24, el Ejecutivo endureció los criterios de acceso a las pensiones por invalidez laboral, exigiendo acreditar al menos un 66% de disminución de la capacidad laboral y otros requisitos restrictivos. Paralelamente, la ANDIS inició un relevamiento sobre más de un millón de beneficiarios. El procedimiento incluyó envío de cartas documento, entrevistas médicas y dictámenes finales que determinarían la continuidad o suspensión de los beneficios.
Pero la ejecución fue caótica: hasta junio de 2025, casi la mitad de las notificaciones no había sido entregada. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), hubo citaciones a domicilios inexistentes y comunicaciones inaccesibles para muchas personas con discapacidad. En ese marco, el Gobierno ya suspendió 65.789 pensiones.
Y esas consecuencias se reflejan en historias como las de Víctor Ruiz y Ezequiel Bravo.
“Nunca me avisaron nada”: Víctor, 26 años, en silla de ruedas desde que nació
Víctor Ruiz vive en Salta y desde los 10 años recibía una pensión por discapacidad. En junio descubrió que ya no la tenía cuando fue al cajero: “Ahora mismo me encuentro sin ningún sostén económico, me quitaron la pensión con la excusa de que no me presenté a la auditoría, a la cual nunca fui notificado teniendo todos los papeles que verifican mi discapacidad”, contó.
El correo que debía enviarle la ANDIS nunca llegó. Tras reclamar en ANSES, le confirmaron que la suspensión fue por “inasistencia”. Volvió a presentar la documentación, pero le advirtieron que el trámite puede demorar entre dos y tres meses. “Mientras tanto no tengo cómo cubrir mis medicamentos, los traslados o emergencias”, explicó.
Elecciones: en qué lugar de la Boleta Única en Papel quedó cada fuerza política para octubre
El sorteo realizado por la Justicia Electoral definió el orden de las 17 alianzas políticas en la Boleta Única Papel que se usará en las elecciones nacionales del 26 de octubre. La Libertad Avanza quedó en el primer lugar, mientras que el peronismo se ubicará en la cuarta posición.
Víctor juega al básquet adaptado en la Asociación de Lisiados de Salta (ALSA). Su madre también está en silla de ruedas y su padre cobra la jubilación mínima. “Ese sustento me ayudaba a sostener a mi familia. Ahora la situación es desesperante”, dijo.
“No encontraron la casa”: Ezequiel, 26 años, con autismo y retraso madurativo
Ezequiel Bravo vive en Pirovano, un pueblo de 1.400 habitantes en el partido de Bolívar, provincia de Buenos Aires. Tiene retraso madurativo con rasgos de autismo y cobraba una pensión por discapacidad desde 2009.
Su madre, Alejandra Ávalos, se enteró el 6 de agosto de que la prestación había sido suspendida. Ese mismo día llegó un telegrama firmado por el entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. El argumento: Ezequiel no se presentó a una junta médica. “Nunca fue citado, nunca nos notificaron nada. Desde la ANDIS me dijeron que ‘no encontraron la dirección’ donde vivimos, cuando estamos en el mismo lugar de siempre en un pueblo tan chico”, relató Alejandra.
La pensión servía para cubrir necesidades básicas: alimentos, pañales y ropa especial. Ahora dependen de la ayuda de familiares mientras tramitan de nuevo la documentación.
Entre la auditoría y la corrupción
Las historias de Víctor y Ezequiel son solo dos ejemplos de un universo mucho más amplio: miles de personas con discapacidad quedaron sin cobertura, sin previo aviso y sin alternativas. Lo paradójico es que la misma agencia que debía garantizar derechos es la que ahora está bajo la lupa judicial.
Los audios filtrados del exdirector Diego Spagnuolo revelaron un presunto esquema de coimas con droguerías y empresarios de la salud. La ANDIS, el organismo que debería asegurar una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad, aparece así en el centro de un ajuste feroz y de una denuncia de corrupción que, como describió una organización civil, “resulta inhumano”.
