A más de un año y medio del inicio de la gestión de Javier Milei, un grupo de relatores de Naciones Unidas volvió a poner la lupa sobre el estado de los derechos humanos en Argentina. En una carta enviada el 12 de mayo al Gobierno nacional, representantes del Consejo de Derechos Humanos expresaron su “seria preocupación” por el “deterioro grave de las libertades fundamentales y del espacio cívico” en el país, apuntando directamente al accionar del Ejecutivo y del Ministerio de Seguridad frente a manifestaciones sociales y al hostigamiento de funcionarios judiciales.
El documento fue difundido públicamente recién el último viernes, tras dos meses sin respuesta por parte del Poder Ejecutivo. Luego de ese silencio, la Cancillería solicitó una prórroga para responder a los cuestionamientos. Entre los puntos más críticos, la misiva señala que, desde diciembre de 2023, “se han registrado violaciones a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el marco de manifestaciones”.
“Los Estados no solo tienen la obligación negativa de abstenerse de interferir indebidamente en los derechos de reunión pacífica y de asociación, sino también la obligación positiva de facilitar y proteger estos derechos de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos”, sostuvieron los relatores. Además, remarcaron su inquietud ante medidas impulsadas por el Ejecutivo que, según denunciaron, atentan contra la independencia del Poder Judicial.
El grupo de especialistas incluyó a representantes en áreas sensibles como libertad de expresión, tortura, independencia judicial y ejecución de penas arbitrarias, entre otros. Entre ellos, firmaron la relatora sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite; el relator sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz; la relatora sobre libertad de expresión, Irene Khan; y el vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, Matthew Gillett.
Uno de los casos más detallados en la denuncia tiene que ver con la represión a las movilizaciones de jubilados frente al Congreso nacional. El 12 de marzo, el fotoperiodista Pablo Grillo recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, disparada por un agente de Gendarmería. “Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas eficaces para proteger contra los ataques destinados a silenciar a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión, incluyendo a los y las periodistas”, indicaron en el texto.
Hostigamiento a la Justicia y medidas regresivas
En otro de los apartados, la ONU hizo foco en situaciones de hostigamiento hacia jueces y fiscales que investigan posibles excesos cometidos por fuerzas de seguridad. “Nos preocupan especialmente los informes sobre procesos penales y disciplinarios contra jueces, en lo que parece ser una represalia por el contenido de una decisión tomada en el ejercicio normal de sus funciones judiciales”, expresaron.
Uno de los casos más relevantes es el de la jueza Karina Andrade, quien denunció presiones y ataques por parte de funcionarios del Ejecutivo y del propio presidente Javier Milei tras haber liberado a manifestantes detenidos durante la represión del 12 de marzo. Su presentación fue canalizada por la Relatoría Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados y sumada al resto del expediente elevado por los nueve expertos internacionales. Andrade detalló un “patrón de hostigamiento estructural contra el Poder Judicial argentino” que incluyó amenazas personales con connotaciones de género y campañas de desprestigio en medios y redes sociales.
Los expertos también vincularon la escalada represiva con medidas legislativas impulsadas por el Gobierno, como el Protocolo Antipiquetes (aplicado desde los primeros días de gestión de la ministra Patricia Bullrich), el mega DNU de desregulación económica, la Ley Bases y la reciente “ley anti mafias”, que según la ONU “habilita a detener personas sin orden judicial”, entre otras medidas de preocupación.
Por último, alertaron sobre el uso de discursos estigmatizantes desde las más altas esferas del gobierno, en los que se ha calificado a las protestas sociales como “actos de terrorismo” o amenazas a la seguridad nacional. “Expresamos nuestra preocupación por la calificación política de las protestas por parte de las autoridades”, señalaron los relatores, al tiempo que pidieron al Estado argentino garantizar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
