El ajuste fiscal aplicado por el Gobierno nacional sobre el sistema educativo continúa mostrando consecuencias profundas en las universidades públicas. Con los últimos datos de inflación correspondientes al cierre de 2025, el salario real de la docencia universitaria alcanzó su nivel más bajo en décadas y se consolidó un deterioro que no solo impacta en las condiciones de vida de los trabajadores, sino que también pone en tensión la continuidad y la calidad del sistema universitario estatal.
De acuerdo a un informe elaborado por docentes de distintas universidades del país, elaborado por el Laboratorio del Salario de la Docencia Universitaria (LSDU), el poder adquisitivo del salario universitario quedó por debajo de cualquier registro de los últimos veinte años y se ubica entre los más bajos desde el retorno de la democracia. “se observa una consolidación de la depreciación acelerada del salario ocurrida durante los primeros meses del gobierno, sobre una base que ya históricamente era baja”, lo que derivó en una ruptura del piso histórico y en “el peor momento de la década para el salario real docente universitario”.
El dato resume una tendencia que se arrastra desde hace años pero que se profundizó con fuerza durante la actual gestión. La pérdida salarial acumulada entre 2015 y 2025 equivale a más de 57 salarios actuales, una magnitud que grafica el impacto sostenido del ajuste sobre los ingresos docentes. Solo desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el recorte ya representa 8,7 salarios actuales, una cifra que refleja la intensidad del ajuste aplicado en el marco de la política fiscal libertaria.

Una década de pérdida salarial sostenida
El análisis histórico muestra que durante el gobierno de Mauricio Macri la pérdida salarial equivalió a 12 salarios actuales, dejando un piso que lejos estuvo de ser revertido durante la gestión de Alberto Fernández. En ese período, la pérdida acumulada alcanzó los 21,2 salarios, con una caída adicional de 5,1 salarios, que dejó al cierre del mandato un rojo equivalente a 11,7 salarios actuales. En lo que va del actual gobierno, el deterioro volvió a acelerarse y profundizó una tendencia que hoy coloca al salario docente universitario en mínimos históricos.

El Laboratorio del Salario de la Docencia Universitaria (LSDU), que también analizó el impacto de los últimos tres mandatos presidenciales, remarcó que “durante los primeros dos meses del gobierno de La Libertad Avanza el poder adquisitivo del salario sufrió un desplome significativamente mayor que el registrado en las dos administraciones anteriores”. Si bien entre febrero y octubre de 2024 se registró una recomposición parcial, esta fue “lenta y discontinua”, con una recuperación de apenas siete puntos en nueve meses, que luego se interrumpió con una nueva caída que volvió a perforar el mínimo alcanzado al inicio del mandato.
En términos concretos, para sostener el poder adquisitivo de noviembre de 2023 sería necesario un incremento salarial cercano al 50%. Para recuperar el nivel de ingresos de noviembre de 2015, en tanto, la recomposición debería ser superior al 95%. En ambos casos, los números exponen la magnitud del retroceso y la distancia creciente entre los salarios docentes y el costo de vida.
El deterioro también se refleja en la comparación con la canasta básica total. El relevamiento del LSDU mostró que numerosos cargos con dedicación exclusiva de 40 horas semanales no logran superar la línea de pobreza definida por el INDEC para un hogar tipo 2, estimada en torno a los $1.300.000. Entre los casos relevados figuran Ayudante de primera con dedicación exclusiva y 20 años de antigüedad ($1.242.887), Jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva y 15 años de antigüedad ($1.264.858), Profesor adjunto con dedicación exclusiva y 10 años de antigüedad ($1.299.251), Profesor asociado con dedicación exclusiva y 5 años de antigüedad ($1.284.442) y Profesor titular con dedicación exclusiva ($1.250.305).
En este escenario, el impacto del ajuste parece alejarse del discurso oficial central en el recorte a los privilegios de la casta y se concentra, en los hechos, sobre uno de los pilares históricos de la movilidad social en la Argentina: la educación pública. Sin anuncios explícitos de privatización total, pero con políticas que deterioran de manera persistente las condiciones laborales, el sistema universitario enfrenta un proceso silencioso de vaciamiento que empuja a muchos docentes a buscar mejores condiciones en el sector privado, dejando a las universidades nacionales cada vez más expuestas a la precarización, la pérdida de calidad y el cuestionamiento permanente de sus rol social.

