El presidente Alberto Fernández anunció ayer la intervención de la empresa Vicentin, y el envío al Congreso de un proyecto de Ley para su expropiación definitiva.
En conferencia de prensa, Fernández explicó que la iniciativa tiene varios alcances, desde la preservación de las fuentes de trabajo hasta la intervención en la producción y comercialización de alimentos, lo cual significa un paso hacia la soberanía alimentaria, una meta de su administración.
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“Queremos que la empresa siga funcionando, que los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo y que los pequeños productores puedan seguir vendiéndole lo que producen”, aseguró el mandatario, quien consideró que es “muy importante” que el Estado “cuente con una empresa testigo en el sector”.
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A través de un comunicado, una parte de la dirigencia de Juntos por el Cambio calificó la maniobra como “peligrosa, ilegal e inconstitucional”. Lo mismo hicieron los miembros de la Mesa de Enlace y algunos analistas internacionales. Casi todas las comunicaciones que se refierieron al tema hicieron algún tipo de alusión al modelo que Hugo Chávez y Nicolás Maduro le imprimieron a Venezuela en las últimas décadas.
Lo que omitieron de manera llamativa es la vasta experiencia europea -reeditada en el marco de la pandemia- en impulsar la participación del Estado en empresas privadas, una política que ha funcionado y funciona de manera efectiva.
La crisis económica como consecuencia del COVID-19 hizo generó que el caso de Vicentin no sea un hecho aislado. Un mes y medio atrás, Angela Merkel, canciller alemana -considerada la política más poderosa de la Unión Europea-, dispuso la intervención de la aerolínea Lufthansa. Allí, el Estado inyectará 9.000 mil millones de euros para darle liquidez a la compañía.
A cambio, el estado alemán espera recibir dividendos de las ganancias, limitar remuneración de la gerencia y obtener dos asientos en el consejo directivo. La participación pública alemana en empresas privadas no es nueva. El Estado de Baja Sajonia, donde se encuentra la ciudad de Hannover, posee 20 por ciento de los votos votos en la toma de decisiones de la automotriz Volkswagen.
Algo similar sucede en Francia con Renault. El Estado francés posee el 15 por ciento de la compañía automotriz. Una de las intenciones del presidente Emmanuel Macron es repatriar toda la producción para generar más empleo. Además dispuso de un crédito de 7 mil millones de euros para Air France, una cifra que equivale a casi el 15 por ciento de lo que el FMI le presto al gobierno de Mauricio Macri.
La ola de nacionalizaciones no solo se da en Francia y Alemania. Italia, con la aerolínea AlItalia, hizo lo mismo. El primer ministro Giuseppe Conte utilizó un fondo excepcional para nacionalizar la empresa. En 2019, al igual que Vicentin, había recibido un polémico préstamo de la banca pública.
Suecia, un ejemplo citado en su manejo por la crisis del coronavirus que quedó obsoleto, también tiene participación publica en sectores estratégicos. Controla el 37,3% de TeliaSonera: una de las principales compañías de telefonía móvil de la región escandinava. También, con Systembolaget, posee el monopolio en la venta de bebidas de mas 3,5 por ciento de graduación alcohólica.
Desde la Comisión Europea han cambiado su posicionamiento en cuanto a la participación pública en el capital privado. La coincidencia general apunta a satisfacer la necesidad de liquidez por parte de las compañías. Los principales países de la Unión Europea han dado pasos hacia la consecución de ese objetivo en un continente donde el estado de bienestar es una realidad que se discute cada vez menos.
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