Guerra abierta entre Moyano y Lissalde por los peajes: “Quieren que desaparezcamos”

El Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) que conduce Facundo Moyano mantiene un enfrentamiento abierto contra la actual administración de AUBASA, que preside Ricardo Lissalde y que escaló en la última semana, luego de que el gremio iniciara una medida de fuerza en la que levantaron los peajes el primer día del año, de recambio turístico.

Pese a que el Ministerio de Trabajo nacional dictó la conciliación obligatoria y convocó a una mesa de diálogo, el enfrentamiento sigue al rojo vivo. En las últimas horas, SUTPA emitió un durísimo comunicado en el que acusan a la gestión de Lissalde de pedir la cancelación de la personería gremial del sindicato.

La misiva se titula “Ni Macri se animó a tanto” y denuncia abiertamente que “AUBASA quiere que el Sindicato desaparezca”. Hoy por la tarde hubo una audiencia en el ministerio que lidera Kelly Olmos, mientras las barreras de los peajes continuaban levantadas. La decisión de Facundo Moyano había sido no acatar la conciliación obligatoria. Allí, los representantes de AUBASA pidieron sanciones económicas y la cancelación de la personería gremial.

La justificación de la empresa estatal fue que hubo “anteriores incumplimientos y violaciones de la conciliación obligatoria”, además de que “se violentó la paz social acordada”; y advirtió que avanzará con sanciones individuales contra los trabajadores.

No es la primera vez que los trabajadores de peajes denuncian a la actual gestión de la empresa concesionaria de los corredores viales más importantes de la Provincia. En septiembre del año pasado mantuvieron una medida de fuerza por los maltratos, aprietes y amenazas que sufrían los trabajadores.

Desde SUTPA apuntan directamente contra Ricardo Lissalde, y dieron a entender que hasta que no cambie la administración de AUBASA el conflicto continuará al rojo vivo.

El comunicado completo de SUTPA contra AUBASA

NI MACRI SE ANIMÓ A TANTO

AUBASA, empresa perteneciente al Estado Provincial, en un nuevo e inédito ataque hacia los trabajadores y trabajadoras de peaje de todo el país, ha solicitado al Ministerio de Trabajo de la Nación la cancelación de la personería gremial del SUTPA. AUBASA quiere que el Sindicato desaparezca.

Este pedido constituye un grave intento contra los derechos fundamentales de los trabajadores en general y de nuestro Sindicato en particular, que no tiene antecedentes en un gobierno que se denomina a sí mismo “peronista, progresista y que defiende a los trabajadores” y no se condice con este período sostenido de democracia en nuestro país. Nos debemos remitir a la Dictadura Militar para encontrar hechos de estas características.

Desde agosto de 2021 nuestra Organización ha reclamado pacífica y pacientemente una y otra vez los mismos puntos y sólo obtuvimos agresivos ataques a nuestros representantes y ninguneos reiterados. Claramente, los funcionarios provinciales intervinientes desconocen el derecho nacional e internacional que nos asiste como Organización Gremial (Convenios 87 y 98 de OIT y artículo 14 bis de la Constitución Nacional).

Cabe señalar además que la Conciliación Obligatoria mo anula el derecho constitucional a huelga y quien incumplió esta instancia fue la empresa despidiendo a un trabajador que el Ministerio intimó a reincorporar. La Conciliación es un instrumento para encauzar un conflicto y, en este caso puntual, la problemática sigue siendo la misma y está lejos de solucionarse debido a los reiterados incumplimientos por parte de la empresa a los acuerdos celebrados oportunamente en el ámbito del Ministerio de la Nación.

Con el objetivo de sembrar el miedo entre los trabajadores, AUBASA ha enviado cartas documento a diestra y siniestra, amenazando con descontar no sólo las horas de este paro, sino también las horas correspondientes a una medida anterior que ya fueron abonadas. Esto pone de manifiesto nuevamente el grado de desconocimiento de todo derecho que evidencian los responsables de esta empresa absolutamente quebrada que en 2022 perdió casi $ 5.000 millones por falta de gestión y de políticas adecuadas.

De no deponer estas actitudes dictatoriales, antiderechos y antidemocráticas, recurriremos a los tribunales nacionales e internacionales; nos asiste el derecho y la obligación de defender no sólo a nuestros afiliados, sino al conjunto de los trabajadores y trabajadoras argentinos.