El Juzgado Federal Nº 3 de La Plata solicitó a la Secretaría General de Presidencia que informe si hay registros de visitas a la Casa Rosada u a la Quinta de Olivos por parte de los participantes en la presunta mesa judicial bonaerense que quedó grabada en un video de junio de 2017 .
Se trata de los funcionarios del ex gobierno de María Eugenia Vidal, dos de sus ministros y un secretario de Justicia, los agentes jerárquicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el intendente de La Plata y los empresarios constructores que participaron de la reunión en la sede del Banco Provincia en junio de 2017.
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Según la orden dictaminada por el juez federal interviniente en la causa , Ernesto Kreplak, solicitaron los registros de las dependencias estatales nacionales entre mayo y diciembre de 2017, es decir poco antes de que se llevase a cabo la reunión en la que se tramó el armado de causas contra dirigentes sindicales y su posterior concreción.
De este modo, buscan cotejar la incidencia y el rol del gobierno del ex presidente Mauricio Macri en la realización de una mesa judicial bonaerense, para la persecución de opositores políticos.
Además, entre las medidas dispuestas en la causa, el juez federal rechazó el pedido de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), para presentarse como amicus curiae, y formarán una nueva causa por separado para investigar los hechos de persecución contra los trabajadores del Astillero Río Santiago, denunciados hace escasos días por el gremio de estatales.
Desde ATE se hizo eco de las revelaciones del periodista Jorge Duarte acerca del dispositivo de persecución contra los trabajadores del Astillero, y el asesor legal de ATE bonaerense, Marcelo Ponce Núñez, realizó dos presentaciones en ese sentido, tanto en el juzgado que conduce Kreplak como en el de Garantías Nº 5.
“No podemos permitir que en un sistema democrático puedan suceder estas cosas”, había señalado Ponce Núñez en ocasión de la presentación, y manifestó que los videos junto a los documentos reunidos demostraron “que las causas fueron armadas, lo que significa que tenían intencionalidad política y no intencionalidad jurídica”.
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