Las filtraciones que comprometen a un funcionario cercano a Milei, admitiendo conocer un circuito de coimas en la cúspide del poder, y la reacción del Gobierno instalando un régimen casi dictatorial en detrimento del periodismo, acallaron —por ahora— otra investigación judicial que analiza más de un centenar de muertes por fentanilo. Una causa que podría sumar más dolores de cabeza al oficialismo.
El caso del opioide dio un giro en las últimas semanas con la determinación del juez federal Ernesto Kreplak, ante un planteo del Ministerio Público Fiscal: el Ministerio de Salud, que originalmente se había presentado como querellante, aparece ahora bajo sospecha de responsabilidad, por acción u omisión —o ambas— en comprometer la seguridad sanitaria de la Nación y poner en riesgo a la población.
La investigación judicial avanza y emergen datos que comprometen cada vez más a las autoridades nacionales sanitarias. Según trascendió, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) habría emitido observaciones técnicas previas a la fabricación de las partidas contaminadas.
Existieron alertas dentro del sistema de control antes de que el producto contaminado llegara al mercado y se distribuyera en un circuito sanitario sin trazabilidad. Esta fue una de las principales trabas que demoró imputaciones y detenciones de los responsables directos del proceso de producción. Sin embargo, y pese a las advertencias de la ANMAT, el Ministerio de Salud no frenó la producción ni bloqueó la salida del fentanilo al mercado. Tampoco restringió su circulación. Decisiones que podrían haber evitado la tragedia.
La tarea de fiscalización de la ANMAT —y, por ende, la responsabilidad superior del Ministerio de Salud— fue, en el mejor de los casos, ineficiente. Raro para un Gobierno que se presenta como adalid de la eficiencia en la gestión pública. Raro, pero sobre todo peligroso: la ineficiencia en este nivel deriva en personas muertas.
Lo curioso es que la falla estructural que ahora investiga la Justicia puede transformarse en el próximo dolor de cabeza del Gobierno. El discurso de La Libertad Avanza (LLA) se apoya justamente en la idea de eficiencia en la gestión pública. La causa empieza a dejar en claro que, frente a un medicamento de altísima peligrosidad —que incluso circula en el mercado ilegal de drogas—, la cadena de control falló de manera estrepitosa.
¿Falló o hubo, en el medio, alguna decisión que hizo que las alertas de la ANMAT no se tradujeran en la intervención del Ministerio de Salud para bloquear la circulación del fentanilo? ¿Y si alguien ordenó desoír los reclamos no por omisión, sino deliberadamente, porque había un “incentivo” para mirar hacia otro lado? ¿Y si apareciera algún Spagnuolo en esta causa? La gravedad institucional sería aún mayor: un presunto caso de coimas que derivó en más de un centenar de muertes inocentes.
Si la ineficiencia es preocupante, la sospecha de connivencia o complicidad del Ministerio de Salud de la Nación en la causa ANMAT es directamente alarmante. No hay, hasta el momento, una prueba concluyente que acredite intención dolosa de parte de funcionarios del Gobierno nacional, pero los indicios apuntan a una grave negligencia, agravada por la inacción pese a las advertencias previas.
Además de la posible responsabilidad penal de los funcionarios investigados, el caso expone otra debilidad estructural: la insuficiencia de un marco regulatorio o de un sistema de alertas seguras que, aun cuando se encienden, nadie atiende. De mínima, faltaron controles; de máxima, se permitió —por acción o por intereses oscuros que la Justicia intenta dilucidar— la circulación de un producto letal.
La investigación sigue ese rumbo. Las pruebas llevaron al Ministerio Público primero y al juez Kreplak después a investigar la conducta “reprochable” de los funcionarios nacionales. La causa dejó en claro que ya no alcanza con señalar a los laboratorios como únicos responsables: la cadena de responsabilidad alcanza también a quienes debían vigilar, controlar y, llegado el caso, intervenir, y no lo hicieron.
¿Y si hubiera un punto de conexión entre las filtraciones de la ANDIS y la inacción del Ministerio de Salud respecto al fentanilo? Es una hipótesis que la Justicia no descarta. Al fin y al cabo, quien recibe un 3% de una ventanilla bien podría incrementar el botín con una suma similar en otra dependencia, esta vez mirando hacia otro lado.
