El juez federal Ernesto Kreplak revocó la condición de querellante que le había conferido al Ministerio de Salud de la Nación en la causa que investiga la muerte por fentanilo contaminado. La decisión tiene que ver con que el magistrado considera que hay “sospechas suficientes para orientar la continuidad de la investigación hacia las posiblidades responsabilidades derivadas de omisiones y/o connivencias” entre los órganos de control del Estado y los laboratorios.
En rigor, de la resolución judicial surge que la solicitud para correr de lugar de querellante al Ministerio de Salud de la Nación, derivó de un planteo explícito en ese sentido tanto de la fiscalía actuante como de la querella que representa a las víctimas, y luego de analizar las pruebas reunidas en las actuaciones
En ese sentido, el magistrado interpretó que “una primera etapa del proceso permitió reunir los elementos de convicción suficiente” para seguir investigando la responsabilidad que pueda caberles en el proceso a más individuos vinculados a los laboratorios involucrados, pero también a funcionarios públicos de áreas cuya responsabilidad era, justamente, controlar los procesos de fabricación y de distribución del opioide contaminado
En ese contexto, el juez interpretó, a requerimiento de la Fiscalía, que “de la información reunida en autos ha generado el grado de sospecha suficiente, para orientar la continuidad de la investigación hacia las posibles responsabilidades derivadas de omisiones y/o connivencias de los órganos de control”
Se trata, en los hechos, de apuntar la investigación, que hasta ahora reunió pruebas contra los laboratorios y sus procesos de producción, a las autoridades políticas cuya función era controlarlos. Organismos públicos que orbitan bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación.
“Esa circunstancia obliga a reconsiderar el rol de querellante que oportunamente se otorgara al ministerio de Salud de la Nación”, asegura la resolución, por considerar que no se puede obviar la “posible existencia de intereses encontrados en torno al rol que funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional pudieran eventualmente detentar en el proceso con el devenir de la investigación”.
