La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) resolvió presentarse como querellante institucional en la causa que investiga el espionaje ilegal a personas privadas de la libertad en la Alcaidía de Melchor Romero, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Durante una serie de allanamientos, se encontraron dispositivos de escuchas en las salas de visitas de la cárcel.
En su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM se presentó ante el juzgado federal de Lomas de Zamora que investiga entre otros casos, el espionaje ilegal a personas detenidas. La investigación ahora se encuentra a cargo del juez Juan Pablo Augé luego de que la Cámara Federal de La Plata apartara a Federico Villena.
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Desde el organismo bonaerense detallaron que se realizaron una serie de allanamientos en establecimientos penales, entre ellos, en la Alcaidía de Melchor Romero de La Plata y que allí se habrían localizado dispositivos de escucha y/u otros elementos electrónicos en las salas de visita de los detenidos y de reunión con sus letrados. Al mismo tiempo, se habría advertido la presencia irregular de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) u otras agencias de inteligencia- dentro de la Alcaidía.
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En ese marco, la CPM indicó que la injerencia arbitraria sobre la privacidad de las personas privadas de libertad viola garantías y pactos internacionales de derechos humanos. Y, además, está expresamente prohibida en la Ley Nacional de Inteligencia N° 25.520. Por ese motivo, como organismo de monitoreo de los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires desde hace 18 años y en carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se presentaron como querellantes.
“Las circunstancias por la que las personas detenidas pierden su libertad, no anulan ni deben menoscabar sus derechos humanos de ningún orden, menos aún los civiles y políticos. Las personas privadas de su libertad que se encuentran bajo la tutela estatal dentro de establecimientos penitenciarios, gozan de la protección a un ámbito de privacidad, amparados constitucionalmente, y mediante pactos y convenciones internacionales de derechos humanos”, señalaron.
Más adelante, indicaron que la posible actividad de inteligencia ilegal dentro de establecimientos penales tiene una “enorme gravedad institucional”. Entonces, resaltaron en la presentación que, entre los años 2016 y 2020, hubo una jerarquización de las áreas de inteligencia con atribuciones para la reunión de información y análisis en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense y en la estructura orgánica del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
“Los delitos que se investigan en esta causa ocurrieron cuando esa estructura orgánica estaba vigente y en funcionamiento”, advirtieron.
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