Las autoridades del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) anunciaron que van a presentar una denuncia contra la Agremiación Médica Platense (AMP). El camino judicial llega después de varias semanas de tensión entre las entidades por una deuda millonaria correspondientes a servicios de atención sanitaria. Homero Giles mostró los números.
Este nuevo capítulo del conflicto entre el IOMA y la AMP tomó estado publico hace algunas semanas cuando la entidad de médicos se declaró en “alerta gremial“. En ese momento, informaron que la obra social bonaerense les adeudaba 1.300 millones de pesos por prestaciones correspondientes a febrero.
Pasada la primera quincena de abril, los profesionales de la salud decidieron reforzar el reclamo con un corte de servicios de 72 horas. Las autoridades del IOMA pusieron el grito en el cielo e intimaron a la entidad a suspender la medida de fuerza. “Vamos a expulsar todos aquellos médicos que hayan cobrado de manera particular a nuestros afiliados, eso va a ser automático”, anunció el presidente del IOMA, Homero Giles.
La AMP llevó adelante la suspensión de prestaciones y recién ayer informó que “el IOMA saldó las prestaciones adeudadas de todos los profesionales, quedando solo un saldo de refacturaciones y débitos que son habituales en los pagos mensuales”. A pesar de eso, aclararon que siguen en “alerta médico gremial” por una deuda de $314 millones correspondiente al año pasado por lo que el conflicto podría volver a emerger en cualquier momento.
Sobre todo porque el propio Giles se encargó de mostrar que el pago a la AMP fue realizado el viernes, es decir, antes de la medida de fuerza de 72 horas. “La AMP tuvo tiempo para suspender el paro y pagar a los médicos, pero no lo hizo. Por segunda vez, retienen el dinero todo el fin de semana sin avisar“, sostuvo el funcionario.
Ante esta situación, Giles anunció que van a radicar una denuncia en sede judicial para pedir un resarcimiento. Esto se suma a la suspensión a médicos que cobraron por brindar atención, la suspensión del pago en concepto de gastos administrativos (que es de unos $60 millones) y la suspensión del pago a clínicas por calidad.
