A horas de una nueva marcha universitaria, La Libertad Avanza endureció su discurso contra el sistema educativo y publicó un comunicado en el que definió la protesta como una “marcha política opositora”, en una señal que profundizó el enfrentamiento del gobierno de Javier Milei con estudiantes, docentes y autoridades académicas.
Lejos de intentar descomprimir el conflicto, el oficialismo eligió cuestionar la legitimidad de la movilización y acusó a quienes protestan de “escudarse detrás de una causa noble” para atacar políticamente a la gestión libertaria.
La publicación cayó especialmente mal en ámbitos universitarios porque llega en medio de reclamos por salarios deteriorados, recortes presupuestarios y dificultades crecientes para sostener el funcionamiento de facultades y programas de investigación.
“Mientras inventan datos, bajaron el presupuesto universitario a la mitad en dos años, el 80% de los profesores cobra salarios por debajo de la línea de la pobreza y no mandan los fondos para que funcionen los hospitales” denunció el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.
La alusión refiere a los números expuestos por el gobierno nacional en el que hablan de un supuesto costo de 400 millones de pesos por graduado en la UNA (Arte) por sobre un promedio general de 57 millones.
Además, el comunicado evitó hacer referencia a la pérdida real del poder adquisitivo de docentes y no docentes desde el inicio de la gestión y concentró toda la argumentación en la necesidad de preservar el “equilibrio fiscal”.
El intento de deslegitimar el reclamo
El punto más controvertido del texto oficialista fue el título: “Marcha política opositora” con la que la gestión libertaria busca reducir una protesta transversal a una simple maniobra partidaria y desconocer el alcance social que históricamente tuvo la defensa de la universidad pública en Argentina.
La estrategia discursiva no es nueva dentro del universo libertario, que suele presentar conflictos sindicales, educativos o sociales como operaciones políticas contra el Gobierno.
En otro tramo, La Libertad Avanza sostuvo que “la política ha tratado de instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades”.
El ajuste como bandera
El comunicado también insistió en que la Ley de Financiamiento Universitario representa un gasto de “1,9 billones de pesos” y defendió la decisión de frenar su aplicación para preservar las cuentas públicas.
Sin embargo, la insistencia en mostrar el financiamiento universitario como un riesgo para el equilibrio fiscal volvió a exponer una de las principales críticas que enfrenta el Gobierno: la decisión de sostener el ajuste incluso sobre áreas sensibles como educación y ciencia.
El oficialismo también destacó que las transferencias a universidades ahora se realizan mensualmente y comparó la inflación actual con la heredada de la gestión anterior. Pero omitió mencionar que los salarios universitarios acumularon una fuerte caída en términos reales y que buena parte de las universidades viene advirtiendo dificultades para cubrir gastos básicos de funcionamiento.
En ese contexto, el comunicado fue leído por sectores opositores y universitarios fue leído como otra provocación política destinada a desacreditar la protesta antes de que las calles vuelvan a llenarse en defensa de la universidad pública.
