El Gobierno nacional, en el marco del proceso de reestructuración del Estado, oficializó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda mediante el Decreto 70/2025. Esta medida, que afecta a programas como Procrear y Casa Propia, también incluye la cesantía de unos 500 empleados que dependían de la secretaría.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, justificó y celebró la decisión señalando que “la construcción estatal de viviendas es una mala política. Además, en todo caso, es una tarea provincial o municipal”. Esta reestructuración fue formalizada con la publicación de la resolución 150/25 en el Boletín Oficial, que dispone la “disponibilidad” de los empleados de la secretaría. Sturzenegger precisó que, además de los contratados, se reducirá la planta de personal en aproximadamente 500 personas. También destacó que “hay además un número indefinido de auditores contratados a través de universidades que también se descontinúan”.
A través del Decreto 70/2025, el Gobierno de Javier Milei oficializó la disolución de esta secretaría como parte de la estrategia “Motosierra 2.0”, y trasladó algunas de sus funciones a la Secretaría de Obras Públicas.
Especialistas en la materia, como miembros del Colegio de Arquitectos de la Provincia y de diversas facultades de Arquitectura y Planeamiento del país, alertan sobre las consecuencias de esta reestructuración, especialmente en un contexto donde 6,6 millones de hogares viven en condiciones de hacinamiento y el acceso al crédito hipotecario sigue siendo limitado.
En relación con la racionalización del gasto público, Sturzenegger explicó: “Computar el ahorro para el contribuyente es fácil. Sin considerar lo de universidades, a un sueldo promedio de 1 millón de pesos por empleado son 6.500 millones de pesos por año de impuestos que ya no habrá que cobrar. (El valor presente de este gasto son 130.000 millones)”.
La respuesta de Provincia
La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, denunció en redes sociales que más de 16.000 viviendas quedaron abandonadas en distintos puntos de la provincia, algunas de ellas con un 90% de avance. Batakis acusó al gobierno nacional de haber dejado estas viviendas sin terminar, a pesar de haber sido construidas con los impuestos de todos los argentinos. Esta denuncia coincidió con la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, que gestionaba programas como Procrear y Casa Propia.
El gobierno de Javier Milei justificó la disolución de esta secretaría señalando que la política habitacional debe ser gestionada principalmente por provincias, municipios y el sector privado. Sin embargo, Batakis ve esta decisión como un abandono definitivo de miles de familias que esperaban sus viviendas, y criticó la falta de interés del gobierno nacional. A pesar de esto, aseguró que la provincia de Buenos Aires sigue adelante con la construcción de 8.000 viviendas mediante fondos propios.
Con la parálisis de estos proyectos nacionales y la incertidumbre sobre la transferencia de las obras inconclusas, la situación de la crisis habitacional en la provincia se agrava. A pesar de los esfuerzos de la administración de Axel Kicillof para retomar las obras, la falta de respuesta del gobierno nacional deja en vilo el futuro de estas viviendas y las familias que esperan su entrega.