El avance de una causa judicial, en Pergamino, bien al norte del mapa bonaerense, puede abrir un nuevo paradigma con respecto al uso de los agroquímicos en la provincia y en el país. Así lo entienden ambientalistas y defensores del derecho a la salud, pero también los actores del negocio, que ayer emitieron un fuerte comunicado con el que se pusieron en alerta.
La novedad es el procesamiento de cuatro productores rurales que fumigaron ilegalmente a metros de dos barrios de la localidad del norte bonaerense, y que se suman a otros tres procesamientos dictados el año pasado. Esas medidas judiciales abren las puertas a algo impensado hace algunos años: que el Estado, en este caso la Justicia, le ponga límites al agronegocio, sancionando tanto a los autores materiales como a los responsables políticos.
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En septiembre del año pasado, el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, a manos del juez Carlos Villafuerte Ruzo, le ordenó al intendente Javier Martínez (Juntos por el Cambio) detener las fumigaciones e impuso una distancia mínima para las pulverizaciones en los campos, de más de 3 mil metros para su aplicación aérea, y más de 1500, en forma terrestre. El incumplimiento de ese fallo es la causal de los siete procesamientos.
Además, ese mismo año, el juez de la causa citó a indagatoria al jefe y subjefe de la Dirección de Ambiente Rural, Mario Tocalini y Guillermo Naranja, los funcionarios municipales que debían controlar el uso responsable de las fumigaciones.
Las señales de la justicia frente a uno de los sectores más poderosos en la economía nacional, genera entusiasmos y una lectura clara: el caso Pergamino tiene un “peso simbólico” para el resto del país”.
Así lo cree el vicepresidente de Greenpeace en la Argentina, Martín Santos. Un abogado ambientalista que, además, es oriundo de esa localidad. “Esperamos que esto pueda ser utilizado como un punto de inflexión que simbólicamente marque un límite para el resto de los productores”, le cuenta a INFOCIELO, y agrega: “Es posible que así, el resto que hasta ahora no tenía ningún tipo de recaudos, se sienta tocado”.
Santos toma el ejemplo que ocurrió con la multinacional y líder en productos para el agronegocio, Bayer-Monsanto, que en junio de este año anunció que llegó a un acuerdo con miles de víctimas de las fumigaciones por un total de 11 mil millones de dólares.
Fue a raíz de las consecuencias ambientales y a la salud de miles de personas por el uso de RoundUp, Dicamba y el hallazgo de agua con PCB.
“Si se toma lo que sucedió en Estados Unidos, donde después de los primeros fallos hubo un impulso muy grande de los estudios jurídicos y de los reclamos a la justicia se multiplicaron, podemos esperar que la fuerza simbólica de este fallo (en Pergamino) tenga un efecto multiplicador para que más personas afectadas tengan el derecho de que se les reconozca el daño que le generaron, y así se termine de una vez por todas esta locura”, enfatiza el directivo de Greenpeace.
¿CUÁNTO SE FUMIGA Y QUÉ CONSECUENCIAS TIENE?
Pero para comprender realmente la importancia de lo que ocurre en Pergamino, es necesario un poco de contexto y de datos.
Según la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, en la Argentina se fumigan anualmente 28 millones de hectáreas, con un equivalente a más de 300 millones de litros. Esta increíble cantidad de diferentes agroquímicos, de los cuales al menos 107 son considerados “altamente peligrosos” por la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), son esparcidos a pocos metros de la población rural y urbana.
Con estos números, Argentina se convierte así en uno de los países donde más se fumiga en el mundo, si se tiene en cuenta la cantidad de hectáreas afectadas y el número de población.
De hecho, se calcula que son al menos 13 millones de personas las que están constantemente expuestas a las fumigaciones. Una realidad que se vive en carne propia en Pergamino, con el testimonio de cientos de personas de los barrios de Villa Alicia, La Guarida, Santa Julia y Luard Kayard, que denuncian un incremento de casos de cáncer y otras enfermedades.
Al respecto, recientemente el titular de la Cátedra de Ambiente y Salud de la Universidad Nacional de Rosario, Damián Verzeñassi, confirmó que en sus denominados “campamentos sanitarios” realizados en pueblos fumigados de Santa Fe, se encontraron localidades con 386 y hasta 786 casos de cáncer por cada 100 mil habitantes. Una estadística que, en los términos estándar, registra solo 206 casos por cada 100 mil personas.
Vale aclarar que en el país, no existe estadísticas oficiales respecto a cuánto se fumiga y cuántos casos de cáncer existen en lugares expuestos a los agroquímicos. Ante esa ausencia, los ambientalistas encontraron la forma de calcularlo a través de algunos datos que se arrojaron (al menos por un tiempo) por parte de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE).
LA PRIMERA CONDENA POR ENVENENAMIENTO EN LA HISTORIA
A pesar de que son millones las personas afectadas por las fumigaciones (una acción que significa solo una parte del agronegocio, que fomenta el desmonte, la concentración de la tierra y la pérdida de la soberanía alimentaria), la mirada respecto al cuidado de la tierra sigue siendo subestimado por gran parte de los gobiernos de turno, así como también de la comunidad científica y los medios de comunicación.
Por supuesto, en este sistema que parece “dejar hacer” a costa de la contaminación y la enfermedad de la gente, también entra la justicia. Son pocos e inéditos los casos en donde se dan fallos que condenan a los fumigadores y protegen a las verdaderas víctimas. De hecho, la primera vez que se enjuició en el país a productores acusados de envenenar a la población fue en 2012, luego de que un tribunal cordobés ordene la detención de dos propietarios tras una larga lucha de las denominadas “Madres de Ituzaingó Anexo”.
Foto: Paren de Fumigar Pergamino.
PERGAMINO: AGROQUÍMICOS EN EL AGUA Y DAÑO GENÉTICO
El fallo histórico que se dio en Pergamino se sumó a esa excepción y abrió un camino para otros conflictos ambientales de la zona, así como en toda la Argentina.
El contexto, tampoco es menor: la localidad es una de las zonas en donde más se concentra el monocultivo de soja en toda la provincia. De las 300 mil hectáreas que tiene el partido, el 60% por ciento está destinado a la plantación de la soja transgénica, hecho que atrae a bastas empresas nacionales y multinacionales ligadas al agronegocio.
Lo expuesto en la causa a cargo de Villafuerte Ruzo y el fiscal Matías Di Lello, se basó en varios estudios, entre ellos un informe del equipo de Toxicología de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la presencia de 18 tipos de agroquímicos en las napas de agua en los barrios peritados, así como también en sangre de los vecinos de esa zona.
La contundencia en las medidas que tomó la justicia federal, se plasmaron el 5 de agosto de 2019, luego de que un informe del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto volviera a alarmar a la población de Pergamino. A la ya confirmación de la existencia de agroquímicos y arsénico en el agua –algo que fue comprobado por diferentes niveles de la justicia-, se le agregó la verificación del daño genético que sufre una familia entera por encontrarse expuesta a las constantes fumigaciones.
Algo que ya se había instalado a raíz de un trabajo realizado por el científico fallecido, Andrés Carrasco, quien llegó a presidir el CONICET y que comprobó cómo los agroquímicos en sangre producen desde muerte celular hasta malformaciones.
Por todo esto, el pasado 6 de agosto, el juez Villafuerte Ruzo procesó a otros cuatro productores rurales por fumigación. Así, el total de los procesados son: Fernando Esteban Cortese, José Luis Grattone, Cristian Gabriel Taboada, Carlos Daniel Sabattin, Hugo Ariel Sabattini, Víctor Hugo Tiribo y Mario Roces.
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