En un plenario atravesado por tensiones y acusaciones cruzadas, diputados y diputadas de la oposición lograron este martes avanzar con el dictamen de mayoría que declara la emergencia por un año en el Hospital Pediátrico Garrahan. La iniciativa, que también abarca a otros centros de salud pública pediátrica del país, quedó lista para ser tratada en la próxima sesión de la Cámara o, a más tardar, en la primera semana de agosto.
El proyecto fue debatido en conjunto por las comisiones de Acción Social y Salud Pública, Presupuesto y Hacienda, y Familia, y cosechó 65 firmas de bloques como Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre e Innovación Federal. Entre los puntos principales se encuentra la garantía de una atención pediátrica “efectiva, oportuna, equitativa y de calidad”, y la exigencia al Poder Ejecutivo de una “recomposición inmediata” de los salarios del personal sanitario, tanto asistencial como no asistencial, incluyendo residentes nacionales. Esta recomposición, según se aclara, no podrá ser menor a los niveles reales de noviembre de 2023. También se plantea la exención del impuesto a las Ganancias para médicos que realicen tareas críticas.
Debate caliente y dictámenes contrapuestos
Uno de los ejes que mayor controversia generó fue la incorporación de un artículo que deroga la Resolución 2109 del Ministerio de Salud, firmada por Mario Lugones, que introdujo cambios en el régimen de residencias médicas. La normativa establecía un sistema de elección optativa para los residentes al finalizar su formación, lo que fue rechazado por gremios y profesionales de la salud por considerar que “precariza la formación profesional”. La inclusión de esta derogación motivó el rechazo del bloque radical, que decidió presentar un dictamen alternativo sin ese punto.
El tratamiento duró más de dos horas y derivó en la presentación de cuatro dictámenes. Además del de mayoría, hubo un texto de rechazo firmado por La Libertad Avanza con 10 firmas; otro de la izquierda con las firmas de Cristian Castillo y Vilma Ripoll, que propone llevar el salario mínimo del sector a 1.800.000 pesos; y un dictamen de minoría impulsado por sectores de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica. Este último también fue respaldado por la diputada Ana Clara Romero y Paula Oliveto, y excluye la derogación de la resolución 2109.
Durante el plenario, la presidencia de la Comisión de Salud estuvo en disputa. La ausencia del titular Pablo Yedlin (UxP), afectado por la suspensión de vuelos por neblina, generó que el oficialismo propusiera postergar el debate. Silvana Giudici (LLA) pidió que la reunión se suspendiera y que la presidencia fuera asumida por Roxana Reyes o José Luis Espert. Desde la oposición acusaron una maniobra dilatoria. “Es una trampa”, denunció Cecilia Moreau, al rechazar el intento de cambio de autoridades. Finalmente, el plenario fue presidido por Espert, quien fue señalado por sectores opositores de obstaculizar el tratamiento.
Mientras tanto, en los pasillos del Congreso, trabajadores del Garrahan, médicos y residentes colmaron el Salón Delia Parodi en señal de respaldo. La presencia del personal fue clave para visibilizar la gravedad de la situación y presionar por una respuesta legislativa concreta. En este contexto, se anticipa que el debate continuará con intensidad en el recinto, especialmente por el intento del oficialismo y parte del PRO de modificar o frenar los artículos más conflictivos del proyecto durante el tratamiento en particular.
