La diputada bonaerense Soledad Alonso, del bloque Unión por la Patria, presentó un pedido de informes al Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires para que detalle si existen irregularidades, observaciones o expedientes en curso vinculados a la gestión del Municipio de Campana, gobernado por el intendente Sebastián Abella del PRO.
El proyecto pone bajo la lupa el manejo de los recursos públicos, la ejecución presupuestaria, las licitaciones y contrataciones, y las rendiciones de cuentas del Ejecutivo local, y exige precisiones sobre el grado de avance de las actuaciones realizadas por el organismo de control.
En concreto, el pedido de informes solicita que el Tribunal de Cuentas detalle:
- Si existen observaciones formales sobre las rendiciones de cuentas del municipio.
- Qué expedientes administrativos fueron iniciados, y en qué estado se encuentran.
- Si se formularon cargos o sanciones contra funcionarios municipales.
- Qué irregularidades fueron detectadas, en caso de existir.
- Qué medidas correctivas o administrativas adoptó el organismo de control.
Además, Alonso pide saber si las observaciones fueron subsanadas, si permanecen pendientes de resolución o si derivaron en responsabilidades administrativas, un punto clave para evaluar la solidez de la gestión municipal.
Entre los funcionarios alcanzados por las observaciones del Tribunal de Cuentas figuran Cecilia Acciardi, responsable del área de Salud como unidad ejecutora, por irregularidades en las contrataciones del hospital municipal; Guillermo Francia, a cargo del área de Compras, por incumplimientos en los procedimientos de adquisición; Hugo Alberto Cáseres, responsable del área de Patrimonio, por deficiencias en el control y la registración de los bienes municipales; Carlos Castro, contador municipal, por falencias en la registración contable; y Julio César Olivastri, secretario de Economía y Hacienda, quien fue amonestado por fallas en el circuito económico-financiero y en los procesos de contratación.
“EXPONER A LA CIUDADANIA A LA VERGÜENZA PÚBLICA“
Si bien el texto evita acusaciones directas, el proyecto tiene una lectura política explícita. Alonso, legisladora de Unión por la Patria, puso el foco en un municipio gobernado por el PRO y en el que tiene especial interés por ser de la sección electoral que ella representa, en un contexto de tensión entre el oficialismo provincial y los intendentes opositores.
El pedido no denuncia irregularidades concretas, pero instala la sospecha y obliga al Ejecutivo local a respaldar públicamente su administración ante el Tribunal de Cuentas. En términos políticos, la iniciativa funciona como una señal de advertencia y una herramienta de desgaste institucional, que busca condicionar a la gestión municipal y marcar agenda desde la Legislatura bonaerense.
La diputada afirma en el proyecto que “El ocultamiento y los impedimentos para acceder a la información y controlar las cuentas, son recurrentes en la administración del municipio y es por ello que en diferentes medios periodísticos se nos ubica entre los municipios de menor transparencia en la Provincia de Buenos Aires, exponiendo a toda la ciudadanía a la vergüenza pública”.
En los fundamentos, la legisladora sostiene que el Tribunal de Cuentas es el órgano constitucional encargado de fiscalizar a los municipios y subraya que la Legislatura bonaerense tiene la obligación de ejercer control político y transparencia institucional sobre el uso de los fondos públicos.
