Desde el último día hábil del año, la Provincia de Buenos Aires puso en vigencia una nueva restricción para quienes incumplen con el pago de la cuota alimentaria: tienen prohibido el ingreso a casinos, bingos y salas de juego en todo el territorio bonaerense. La medida, impulsada por el diputado del massismo Germán Di Cesare, quedó oficializada con la promulgación de la ley 15.589, a un mes de su aprobación en la Legislatura.
La norma establece que las personas que figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) no podrán acceder a ningún establecimiento de juego de azar habilitado en la provincia. La restricción alcanza a quienes adeuden tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, el mismo criterio que utiliza la Justicia bonaerense para determinar la condición de deudor alimentario.
De este modo, la ley incorpora un nuevo mecanismo de control estatal que busca reforzar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar derechos básicos de niñas, niños y adolescentes.
RESPONSABILIDADES PARA CASINOS Y SALAS DE JUEGO
Uno de los puntos centrales de la normativa es que asigna obligaciones concretas a los operadores de casinos, bingos y salas de juego, quienes deberán consultar obligatoriamente el RDAM antes de permitir el ingreso. El Poder Ejecutivo provincial deberá instrumentar los procedimientos necesarios para facilitar esa verificación y supervisar su cumplimiento.
El incumplimiento de este deber podrá derivar en sanciones económicas y, en casos de reincidencia, en clausuras temporarias o definitivas de los establecimientos.
EL RESPALDO LEGAL Y EL OBJETIVO DE LA MEDIDA
La ley escrita por Di Césare se apoya en el Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que las obligaciones alimentarias se extienden hasta los 21 años —y en algunos casos hasta los 25—. Además, retoma principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a los Estados a garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo integral de las infancias.
Desde esa perspectiva, la Provincia busca que el incumplimiento alimentario deje de ser una falta sin consecuencias prácticas inmediatas, incorporando restricciones en ámbitos de la vida social y recreativa como herramienta de presión efectiva para regularizar deudas.
