Tras una serie de rumores vinculados al sueldo del presidente, Javier Milei le puso la firma al Decreto 931/25. Según el secretario general de ATE, esta norma oficializa un aumento del 89,8% para el sueldo de todos los funcionarios libertarios. “Estamos frente a un salariazo de la patronal”, dijo Rodolfo Aguiar.
Concretamente, la norma publicada en el Boletín Oficial de este viernes amplía el alcance de las actualizaciones salariales acumuladas durante las negociaciones paritarias de 2025. A partir de enero, los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo percibirán esos aumentos y desde ahora en adelante los futuros aumentos se les van a aplicar de manera automática.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado aseguran que esta iniciativa implica un aumento del 89,8% en los sueldos de los funcionarios. Esto se debe a que se incorporan los porcentajes de aumentos otorgados entre enero del 2024 y julio del 2025. “Es inaceptable que tengan la impunidad de aumentarse sus sueldos millonarios cuando los trabajadores no llegan a fin de mes”, indicó el titular del gremio.

En el mismo decreto el Gobierno Nacional instruyó a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a crear “un nuevo sistema de empleo público en el ámbito del sector público nacional”. A la espera de mayores detalles, la administración libertaria habla de aplicar “mecanismos de ingreso por mérito, evaluación periódica del desempeño, movilidad basada en competencias y esquemas de remuneración vinculados a la responsabilidad y funciones”.
Salariazo y ajuste
Lo cierto es que Milei ya lleva más de 60 mil puestos de trabajo destruidos desde su asunción. Esto vino aparejado de la supresión de 8 ministerios, 110 secretarías y subsecretarías y 409 direcciones nacionales. Según cifras oficiales, esto implicó un ahorro de alrededor de 3,4 billones de pesos por año.
Este viernes también salió en el Boletín Oficial el Decreto 934/25 que prohíbe futuras designaciones y contrataciones de nuevo personal. Según el texto de la norma, las distintas jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional “no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal, bajo ninguna modalidad”.
También incorpora algunas excepciones en lo que define como áreas estratégicas o con regímenes especiales. Entre ellas enumera universidades nacionales; Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad; Servicio Penitenciario Federal; Sistema Nacional de Manejo del Fuego; Cuerpo de Guardaparques Nacionales; Personal de hospitales nacionales e institutos de investigación del Ministerio de Salud; Personal de gabinete; Designaciones para cubrir cargos ejecutivos y jefaturas (SINEP), entre otras.
En caso de aplicar la excepcionalidad, se establece una relación de dos bajas por cada alta. Las primeras son computables e incluyen renuncias, jubilaciones, desvinculaciones o finalización de contratos ocurridas durante 2026.

