Antes de que la causa judicial expusiera una trama de abusos, intimidaciones y control, Daniela Silva Muñoz ocupaba un cargo en la Secretaría de Género de UPCN, un área destinada a la prevención de la violencia y al acompañamiento de víctimas. Fue además, entre otras cosas, candidata a preconcejala en 2021.
Hoy, su nombre aparece en el centro de una investigación penal que reconstruye hechos ocurridos desde al menos 2014 y que derivaron en su detención.
Según la fiscalía, Silva Muñoz habría sido una pieza clave dentro de “La Orden de la Luz”, una estructura con características de secta que operaba con mecanismos de captación, manipulación y sometimiento. En ese esquema, Nicolás Daniel Rodríguez es señalado como el líder mesiánico, mientras que la funcionaria sindical habría cumplido el rol de facilitadora y mediadora con las víctimas.
Rodríguez, en tanto, se desempeñó como docente en el colegio de Estudiantes de La Plata, ámbito donde habría captado al menos a una de las víctimas, según consta en la causa.
Ambos integran la planta permanente del Senado bonaerense y fueron detenidos por orden de la fiscal Betina Lacki–
LAS HECHOS DENUNCIADOS
Según la acusación, los abusos incluyeron accesos carnales sin consentimiento, amenazas con armas blancas, intimidaciones permanentes y un control extremo sobre la vida personal y sexual de las víctimas. Los hechos no habrían sido aislados: la fiscalía sostiene que existió una progresión en la gravedad de las conductas, a medida que el sometimiento se profundizaba y las víctimas quedaban atrapadas en la lógica del grupo.
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Parte de los episodios habrían ocurrido en inmuebles vinculados a los imputados y en ámbitos relacionados con su actividad política y laboral. Allí, de acuerdo con la causa, se reforzaban los mecanismos de manipulación y obediencia, en un contexto donde el poder simbólico y la dependencia emocional jugaban un rol central.
Durante años, las víctimas intentaron denunciar. La investigación logró reconstruir presentaciones frustradas y pedidos de ayuda que no prosperaron, además de presuntas maniobras de hostigamiento posteriores destinadas a silenciar los hechos y evitar que llegaran a la Justicia. El miedo, la presión y el control habrían sido claves para sostener el pacto de silencio.
Hasta el momento, la fiscalía identificó cinco víctimas, con denuncias que abarcan un período que va de 2014 a 2025. Para el Ministerio Público, la reiteración de los abusos, su extensión temporal y el contexto de poder desde el cual se habrían cometido configuran una gravedad institucional significativa.
El Juzgado de Garantías N°4 avaló las detenciones y ambos imputados se negaron a declarar ante la titular de la UFI N°2. La fiscalía cuenta ahora con un plazo de 15 días para definir su situación procesal, mientras la causa sigue sumando pruebas y testimonios que buscan desarmar, pieza por pieza, una trama que durante años permaneció oculta.
