La denuncia pega de lleno contra Gabriela Michetti, que presidió el Senado -como vicepresidenta de la Nación- hasta el 10 de diciembre de 2019. Según la presentación, durante su mandato se pagaron más de 180 millones de pesos contra certificados de obra que no coinciden con los trabajos realizados a la fecha.
La denuncia alcanza, además, a Helio Rebot, entonces Secretario Administrativo del Senado, y German De Vincenzo, Presidente de la empresa DINALE S.A., a quienes acusa por defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles.
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Se trata de los trabajos de “Readecuación y puesta en valor de terrazas, patios, contrafrente y circulación en el edificio anexo Alfredo Palacios” del Senado, que se tasó en 249 millones de pesos y que quedó a cargo de la firma Dinale S.A., la única que se presentó a la licitación. El plazo de ejecución era de 9 meses que terminaban el 20 de febrero de este año.
Según la denuncia, Dinale “solicitó el anticipo financiero correspondiente al 5% del monto total, luego un anticipo financiero extraordinario del 30%”. A lo largo de los meses que siguieron presentó 8 certificados de obra y embolsó $181.156.741, el 72 % del monto de la licitación.
Tampoco se terminaron los trabajos de “reestructuración de vías de escape, contra incendio, pleno de escalera, nuevo ascensor – Sector Solis”, para el cual la empresa solicitó un anticipo financiero del 5% por un total de $4.259.553 y más tarde el anticipo extraordinario del 30%, pero sólo consiguió el 25, aunque “por medio de un acto administrativo que no cuenta con fecha y cuya firma siquiera contiene la aclaración correspondiente”.
A la fecha, Peñafort sostiene que “se entregaron certificaciones de avance de obra que no se corresponden con el avance concreto de la obra ni con los montos anticipados de manera previa y excepcional” y que “la totalidad de los certificados de obra aprobados refieren a trabajos preliminares -no acreditados-, y en ninguno se ve reflejado el inicio de obra propiamente dicha – a pesar de los pagos realizados”.
Pero las irregularidades no terminan ahí. Siempre según la denuncia, la empresa no presentó representante técnico habilitado ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tampoco gestionó en consecuencia los correspondientes permisos de obra, no se presentaron los planos aprobados por el organismo competente en la materia, ni se han colocado los carteles con los permisos correspondientes. Incluso asegura que la empresa no se encontraba inscripta dentro del registro de proveedores del H. Senado de la Nación.
Peñafort, abogada muy cercana a Cristina, que adquirió notoriedad durante las audiencias públicas que la Corte Suprema de la Nación organizó para determinar la Constitucionalidad de la Ley de Medios, pidió que se investigue además el “posible sobreprecio de obra; ya que los precios determinados por la Administración para la apertura a licitación de las obras en cuestión no encuentran justificación fehaciente.”
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