En medio de denuncias por aprietes y presiones judiciales del Procurador bonaerense Julio Conte Grand, este martes comenzarán las audiencias en el marco del jury de enjuiciamiento que tiene como acusado al destituido juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio. Enfrenta denuncias por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, entre otros cargos.
La primera audiencia será el martes 10 de marzo a las 15 en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Se prevé una sesión breve en la que se realizará el pulido de testigos. Viciada de irregularidades durante todo el proceso, desde las partes estiman que las audiencias se estirarán durante varios meses ya que declararían cerca de ochenta testigos.
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En la última etapa del proceso, la defensa de Carzoglio denunció nuevas irregularidades. La más destacada fue el pase de bando del conjuez miembro del jurado de enjuiciamiento, Guillermo Sagués, que renunció a su lugar para actuar como “letrado patrocinante” del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, uno de los acusadores contra el suspendido juez.
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El Gobernador recorrió la repavimentación de la avenida 60 y luego acompañó al Intendente en un acto en Plaza Malvinas. Ambos insistieron en “defender con el voto” las transformaciones en marcha.
Desde la defensa de Carzoglio entienden que actos como este enturbian la causa. Además, le suman las presiones mediáticas, la intervención de agentes de inteligencia y de miembros del Poder Ejecutivo del gobierno anterior. Todos los componentes del denominado lawfare, que tanto se le adjudica a la era macrista.
En este contexto, Conte Grand llegará a la primera audiencia envuelto en una nueva denuncia por persecución judicial. El fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, presentó la semana pasada una denuncia ante la Suprema Corte de la Provincia contra el Procurador por “aprietes”. Con el mismo modus operandi que con Carzoglio, Ferrari denunció “operaciones periodísticas” en su contra “con el fin de disciplinarme”.
El caso Carzoglio tomó relevancia cuando el suspendido juez de Garantías de Avellaneda denunció públicamente las presiones de las que fue víctima para aceptar un pedido de detención que pesaba sobre Pablo Moyano. Ante las cámaras de televisión, vinculó los aprietes a la autoría de Conte Grand.
Ello sucedió el 16 de octubre de 2018, cuando consideró “endeble” y “contradictorio” el pedido de prisión que realizó el fiscal Sebastián Scalera, quien acusó al hijo de Hugo Moyano de liderar una asociación ilícita en conjunto con la barra brava de Independiente. El mismo fiscal Ferrari indicó que Scalera era el favorito del Procurador.
La denuncia pública hizo que Conte Grand desempolvara un expediente contra Carzoglio y en menos de dos meses el jurado de enjuiciamiento lo apartó y enfrentará las audiencias bajo esa suspensión.
Durante los meses que duren las audiencias lloverán las acusaciones por irregularidades durante un proceso en el que nunca se ocultaron las intenciones políticas y al que Conte Grand llegará con una nueva acusación por persecución político judicial.
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