La provincia de Tucumán quedó en el ojo de una fuerte polémica institucional tras la difusión de un fallo judicial que, en los hechos, establece una censura previa sobre un medio de comunicación y todo su personal periodístico.
Se trata de una medida cautelar innovativa dictada por el juez subrogante Lucas Taboada, que ordena a la empresa Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (CCC) y a todos sus periodistas, productores y conductores, abstenerse durante seis meses de emitir, por cualquier medio, críticas, cuestionamientos o valoraciones que puedan “desacreditar” a fiscales y jueces de la provincia de Tucumán.
Un fallo sin precedentes
La prohibición no solo alcanza al medio televisivo, sino también a radio, plataformas digitales y redes sociales. El incumplimiento estará penado bajo apercibimiento de desobediencia judicial, lo cual habilita incluso la detención de quienes infrinjan la orden.
El pedido fue promovido por el ministro fiscal Edmundo “Pirincho” Jiménez, quien argumentó que las críticas periodísticas a la actuación de la Justicia representan una “invitación a la violencia simbólica y a la deslegitimación pública del sistema institucional”.
Según su planteo, la cobertura mediática sobre ciertas investigaciones judiciales estaría erosionando la confianza en el Ministerio Público Fiscal, lo que justificaría la imposición de una medida urgente para detener dicha influencia antes de que cause un daño mayor.
La denuncia
Fue tomada por la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, a cargo del fiscal Daniel Sosa Piñero, quien inició en el acto una causa por turbación de un acto legítimo de autoridad, amenazas e incitación a la violencia colectiva.
Ese mismo día, sin mayor sustanciación y sin audiencia con las partes afectadas, solicitó al juez la medida cautelar que ahora genera controversia. El trámite exprés tiene un detalle que no pasa desapercibido: Sosa Piñero había sido recientemente cuestionado por la prensa por haber archivado las denuncias de Karla Robles, la joven que denunció seis veces a su pareja y terminó quitándose la vida en vivo por TikTok.
Es decir: el fiscal que se vio públicamente señalado por su accionar, firma ahora una medida destinada a impedir que se lo siga cuestionando.
Vínculo con Alperovich
Además, el propio ministro fiscal Jiménez ha estado en el centro de múltiples reclamos sociales. Entre ellos, su decisión de ordenar contradenunciar a una periodista que había denunciado una violación grupal, lo que derivó en el allanamiento de su vivienda, la de los testigos y la de sus abogados.
La joven intentó suicidarse durante el operativo. Por otra parte, Jiménez viene siendo señalado desde hace años por mantener paralizadas las causas contra 43 presuntos encubridores del crimen de Paulina Lebbos, pese a que existen resoluciones judiciales ordenando avanzar. Entre los nombres que aparecen vinculados está el del exgobernador José Alperovich, quien jamás fue citado a declarar.
A esto se suma un hecho simbólicamente potente: el edificio del Ministerio Público Fiscal en Tucumán continúa vallado desde la pandemia. Las víctimas no pueden ingresar a consultar por sus causas, y deben contratar abogados para poder acceder a información básica.
El vallado, convertido en una barrera entre la Justicia y la ciudadanía, funciona como metáfora involuntaria de la distancia entre la institución y quienes reclaman respuestas.
Frente a este escenario, el intento de restringir la libertad de expresión adquiere una dimensión preocupante. La Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos prohíben expresamente la censura previa, permitiendo únicamente la responsabilidad ulterior: primero se publica, luego se discute en sede judicial si hubo delito o daño.
La Corte Suprema argentina y la Corte Interamericana han sostenido repetidamente que la libertad de prensa no solo abarca el derecho a informar, sino el derecho de la sociedad a recibir información, especialmente cuando involucra el control ciudadano del poder.
La medida dictada en Tucumán además de intervenir sobre contenidos específicos, prohíbe por anticipado cualquier discurso crítico hacia los fiscales y jueces, utilizando términos vagos como “desacreditar” o “injerir”, cuya interpretación queda en manos de quienes tienen interés directo en evitar la crítica.
De la censura a la autocensura
Esto genera lo que en derecho se denomina efecto silenciador: ante el riesgo de sanciones, los periodistas dejan de investigar y la sociedad pierde su principal herramienta de control. Existe un “disciplinamiento”.
Lejos de fortalecer la legitimidad institucional, una orden de este tipo la erosiona. La transparencia no se logra silenciando medios, sino permitiendo que las denuncias sociales sean investigadas con debida independencia, rapidez y rigor. La Justicia no se prestigia callando a la prensa, sino dando respuestas.
El fallo seguramente será apelado. Pero el mensaje es claro: hay sectores del poder judicial que, frente a la crítica, eligen la censura antes que la autocrítica.
Y en democracia, callar al periodismo nunca debe ser la solución.
