La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas nuevas medidas que profundizan el foco sobre el presunto financiamiento de su viaje a Punta del Este. Con el avance de la causa, la Justicia comenzó a ampliar el alcance de las diligencias hacia vínculos comerciales, contratos estatales y posibles beneficios indebidos.
Por orden del juez federal Ariel Lijo, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentaron en la sede de la Televisión Pública Argentina para retirar documentación vinculada al periodista Marcelo Grandio, señalado como quien habría financiado el viaje del funcionario y su familia. El objetivo es determinar si existieron irregularidades en su contratación con el canal estatal y si su vínculo con el Estado pudo haber derivado en algún tipo de beneficio indebido.
La medida se produce luego de la declaración clave del piloto Agustín Issin, quien se presentó ante la Justicia y confirmó que los pasajes del vuelo fueron pagados por Grandío, amigo personal de Adorni. Según su testimonio, tanto la ida como el regreso del viaje habrían sido abonados por el periodista, lo que refuerza las sospechas sobre la existencia de una posible dádiva, en un contexto donde el financista del traslado mantiene vínculos contractuales con el Estado.
Más dudas que respuestas
De acuerdo a la documentación incorporada al expediente, el vuelo de ida fue abonado por una productora vinculada a Grandío, mientras que el tramo de regreso fue facturado por el propio Issin en una operación que, además, presenta inconsistencias. La factura correspondiente está fechada el 9 de marzo, varias semanas después del viaje realizado en febrero, cuando el escándalo ya había comenzado a trascender públicamente. Ese desfase temporal es uno de los puntos que analiza la Justicia para determinar si existió una maniobra posterior para justificar el origen de los fondos.
Otro elemento bajo análisis es la operatoria utilizada para contratar los vuelos. Según explicó el propio piloto, los pasajes formaban parte de un paquete de diez vuelos adquirido a la empresa Alpha Centauri S.A., por un total superior a los 42.000 dólares. Parte de ese paquete habría sido utilizado para trasladar a Adorni y su familia, en un esquema que incluyó la reventa de tramos y la utilización de asientos vacíos para reducir costos, una práctica habitual en la aviación ejecutiva pero que, en este caso, complejiza la trazabilidad del dinero.
En paralelo, la Justicia también requirió información a organismos públicos y empresas vinculadas a la operatoria, con el objetivo de reconstruir el circuito financiero completo. El fiscal Gerardo Pollicita impulsa la investigación para determinar si el viaje fue efectivamente abonado por el funcionario, como él mismo sostiene, o si se trató de un beneficio otorgado por terceros con intereses vinculados al Estado.
Mientras tanto, el propio Adorni volvió a defenderse públicamente y negó cualquier irregularidad. “El viaje lo pagué, estoy cansado de decirlo”, aseguró, y rechazó dar más explicaciones al considerar que se trata de una cuestión privada. También atribuyó las acusaciones a una “operación política” en su contra y defendió el origen de su patrimonio, afirmando que fue construido durante sus años en el sector privado.
Con estas nuevas medidas, la causa avanza sobre elementos concretos que podrían definir si existió o no un delito. En ese marco, el foco ya no está únicamente en el viaje en sí, sino en la relación entre funcionarios, contratistas del Estado y el eventual intercambio de beneficios, un terreno donde la línea entre lo privado y lo público vuelve a quedar en el centro de la escena.
