La pandemia que azota el mundo y contra la que combate el Gobierno argentino, disparó una particular polémica en las cárceles bonaerenses, abarrotadas de detenidos que conviven en espacios reducidos como consecuencia de la superpoblación carcelaria
El nivel de preocupación ante una eventual “catástrofe sanitaria” que podría ocurrir si el virus se cuela en un penal atestado de personas, alertó incluso a los organismos comprometidos con las cárceles, a tal punto que la Justicia ordenó una “liberación masiva” de presos, a los que les morigeró la condena para enviarlos a sus casas con prisión domiciliaria. La resolución la tomó el Tribunal de Casación penal y aunque benefició a los imputados por causas leves que integran la ‘población de riesgo’ frente al Covid-19, se fundó en la necesidad de evitar contagios masivos.
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El fallo, que fue ratificado en las últimas horas con el rechazo de una revisión que reclamó un fiscal, se funda “en el hacinamiento y los problemas para acceder a una rápida atención médica en el encierro, máxime considerando la superpoblación existente”. Además, menciona “las condiciones deplorables de un hábitat que atenta contra el adecuado acceso a la salud”, y concluye que de ingresar el virus en las cárceles “en las actuales condiciones, se produciría una catástrofe humanitaria de enormes dimensiones”.
La superpoblación carcelaria es un tema de vieja data en la Provincia. Pero se agravó hasta niveles récord en los últimos cuatro años, como consecuencia de una política en materia penal con fuerte impronta punitivista que se aplicó por impulso de la Procuración General de la Corte, a cargo de Julio Conte Grand.
Los datos oficiales confirman los niveles en que se agravó esa situación: en 2015, el total de población carcelaria alojados en penales del Servicio Penitenciario bonaerense promediaba los 30 mil detenidos, para un total de 27 mil plazas. La situación actual marca un importante incremento en la cantidad de privados de libertad en niveles que contrastan con el casi nulo aumento de plazas para alojarlos. Las cifras en este punto varía: según el SBP actualmente existen cerca de 44 mil detenidos para unas 29 mil plazas, mientras que los organismos de Derechos Humanos que estudian la situación denunciaron que la cantidad de presos superan las 50 mil personas.
En la Justicia hay consenso sobre la causa del fenomenal del incremento de presos, y señalan al actual Procurador por el agravamiento de las condiciones de detención. Fue la resultante –aseguran- de la aplicación de un polémico principio que impuso Conte Grand, en la administración de Justicia.
En un programa de televisión porteño, el propio Conte Grand admitió que él mismo había dado “instrucciones” a sus fiscales para salir del “principio”, que es la libertad del acusado mientras dure la substanciación de la causa y hasta tanto no haya una condena en su contra, a la detención del imputado. Lo hizo en el marco de la causa contra Hugo y Pablo Moyano, pero refleja la posición que tomó la Procuración en la Provincia de buenos aires para combatir el delito con base en la teoría punitivista del derecho penal.
“Mis fiscales tienen la instrucción muy clara y categórica de colectar la totalidad de la prueba necesaria como para salir del principio, que es la libertad, y pasar a la excepción, que es la privación de la libertad”, aseguró Conte Grand, al ser consultado sobre la situación procesal del dirigente camionero.
Esa posición, insisten en la Provincia, es la que aplicó con mano dura el propio Conte Grand en los procesos penales, ordenando a sus fiscales apelar resoluciones contrarias contra la privación de la libertad, cuando la Justicia dictaminara en sentido contrario al pedido de prisión formulado por la acusación.
En ese marco, en la Justicia pero también desde el Poder político bonaerense se interpreta la actual situación de las cárceles, como la consecuencia de la feroz impronta punitivista desplegada por el actual titular de la Procuración de la Corte durante la gestión de María Eugenia Vidal.
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