El ex titular de IECSA y primo del presidente, Ángelo Calcaterra, admitió hoy que los pagos que denunció en la Justicia a funcionarios de la gestión anterior, fueron, en realidad, a cambio de algunos favores que obtuvo para sus empresas, como liberar pagos a su orden, o aliviar cuestiones administrativas “que (sinó), no se destrababan”.
En los hechos, sus dichos, aunque sin hacerlo de forma explícita, configuran lo necesario para que el intercambio se enmarque en el delito de “cohecho”, y no en la simple entrega de dinero –como “aportante”- para la campaña política del Frente para la Victoria.
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Frente al fiscal Stornelli y el Juez Bonadío, el primo del presidente Macri se presentó como “imputado colaborador” y admitió haber entregado dinero a Baratta, el funcionario ahora detenido que fue mano derecha de De Vido durante la gestión anterior. La estrategia fue, sin embargo, enmarcar esa entrega en el formato “aporte de campaña”.
La maniobra no es inocente: por su condición de empresario contratista del Estado, cualquier aporte de dinero para la campaña política del oficialismo de turno, es considerado ilegal por la Ley electoral. Pero conlleva como castigo una sanción menor que lo hace ‘excarcelable’.
Por el contrario, el cohecho –popularmente conocida como “coimas o sobornos”- podría terminar con los empresarios hoy detenidos de forma preventiva, más complicados ante la Justicia. ¿Qué define el delito de cohecho, en términos jurídicos? Que haya una contraprestación entre las partes: te doy dinero, a cambio de un beneficio de tipo personal o empresarial.
A través de una entrevista que concedió hoy al diario La Nación, Calcaterra aceptó haber entregado dinero a funcionarios del Gobierno anterior, pero fue consultado respecto de “qué le daban a cambio”. En ese contexto, enumeró una serie de “beneficios” para su empresa, que supuestamente ‘destrababa’ el pago de las coimas: “por ejemplo hacía dos años que no me pagaban obras o había un montón de cuestiones administrativas que no se destrababan o era imprescindible que aprobaran las redeterminaciones, cuestiones técnicas que utilizaban a modo de presión”, admitió Calcaterra.
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