Tras dos semanas agitadas para la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ahora se confirmó que la cartera que conduce destinó más de cinco millones de pesos para comprar las primeras 100 pistolas Taser. Organismos de derechos humanos advirtieron que el uso de estas armas puede ser mortal.
Con la reglamentación del uso de las armas eléctricas para las fuerzas de seguridad federales, el gobierno adjudicó a la empresa Axon la licitación para adquirir el equipamiento. De este modo, le pagó 5.285.000 de pesos por la compra de 100 pistolas, 1000 cartuchos operativos y 600 para capacitación.
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Con este avance y la aprobación del Reglamento General para el uso de pistolas electrónicas por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, desde agosto los uniformados las pueden comenzar a usar para la prevención de delitos en terminales aeroportuarias, portuarias y estaciones de trenes.
Así entonces, el ministerio de Seguridad que dirige Bullrich indicó que las pistolas de electrochoques podrán ser utilizadas:
- Para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse.
- Cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas.
- Para impedir la comisión de un delito de acción pública.
Sin embargo, un informe presentado en 2012 por Amnistía Internacional, puso en polémica la utilización de este tipo de pistolas luego de que confirmara que entre 2001 y esa fecha, al menos 500 personas habían muerto en Estados Unidos a causa de las descargas producidas por las Taser. El caso paradigmático de Israel Hernández, un joven de 18 años que murió ante las constantes descargas de la policía en Miami en 2013, puso otra vez en evidencia esto.
La compra de las armas llega luego de la polémica surgida con un amplio rechazo por el anuncio de la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores a cargo de la cuestionada Gendarmería Nacional y destinado a jóvenes de 16 a 20 años. Al respecto, la Comisión Provincial por la Memoria sostuvo que “la iniciativa es irresponsable, demagógica y pretende conmover cierto sentido común autoritario que orienta las políticas de seguridad: más control y presencia de fuerzas militarizadas como garantes de valores democráticos”.
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